La crisis económica derivada del coronavirus entra en una nueva fase. Si primero fueron los ERTE los que se pusieron en marcha para combatir los efectos laborales de la pandemia, ahora lo que se le viene encima a la economía española es una avalancha de concursos de acreedores. Es decir, un procedimiento legal para afrontar una situación de insolvencia.
Aunque todavía no hay datos precisos, entre otros motivos, porque los juzgados están trabajando al mínimo y los plazos se han suspendido, de acuerdo a la declaración del estado de alarma, lo que sí se sabe es que los registros públicos han detectado un inusitado aumento de la petición de información, tanto por parte de las empresas como de personas jurídicas.
Las peticiones de información tienen que ver, en unos casos, con el hecho de que se trata de un requisito indispensable para acceder a las ayudas públicas y a las líneas de crédito que concede el ICO avaladas por el Estado, que obligan a adjuntar la consulta al Registro Público Concursal. El objetivo es descartar que la empresa solicitante está en concurso de acreedores.
Pero, en otros casos, como sostiene José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, tiene que ver con que ha crecido de una forma extraordinaria la desconfianza entre empresas. Es decir, que antes de realizar una operación, la empresa prefiere mirar en el Registro Público Concursal, que es gratuito y está abierto a todos los agentes económicos, para comprobar que la compañía con la que tiene o va a alcanzar alguna relación mercantil es solvente. En otras palabras, si va a cobrar por los servicios prestados.
Mayores garantías
Y los datos avanzados hasta ahora son algo más que preocupantes. Según el Colegio de Registradores, el número de búsquedas de empresas se ha multiplicado casi por dos veces y media, hasta 176.688, en apenas 12 días hábiles (entre el 6 y el 23 abril), mientras que el número de usuarios, en ese mismo periodo, casi se ha triplicado. Quienes preguntan no son solo las entidades financieras que gestionan los créditos del ICO, sino, también, compañías que realizan una actividad no bancaria.
Esta evolución, sostiene Tabarés, es un indicador claro de que un número indeterminado de empresas acabará en concurso de acreedores al no poder hacer frente a los pagos con sus proveedores. En su opinión, lo que está ocurriendo es que las empresas “exigen mayores garantías” ante un evidente deterioro de la situación financiera de muchas compañías a consecuencia del empeoramiento de la actividad económica por el cese de actividades y la brutal caída de la demanda.
¿Qué ha cambiado respecto a la anterior crisis? Básicamente, el hecho de que esta se ha concentrado en el tiempo, en muy pocos meses
Algo parecido a lo que está sucediendo en el mercado interbancario, donde los bancos se prestan entre sí. Ha crecido la desconfianza, y eso explica el incremento del euríbor desde que se desató la pandemia.
¿Qué ha cambiado respecto de la anterior crisis económica? Pues, básicamente, el hecho de que esta crisis se ha concentrado en el tiempo, mientras que la anterior duró varios años en los que las empresas fueron cayendo. “La anterior fue lenta y está es repentina”, asegura el vicedecano de los registradores.
Deudores
Los primeros datos reales sobre el número de concursos de acreedores se conocerán el próximo 11 de mayo, que es cuando el INE publicará la Estadística de Procedimiento Concursal (EPC) correspondiente al primer trimestre de este año.
Esa estadística debería recoger ya el número de concurso de acreedores, pero, como se ha dicho, debido a la suspensión de los plazos administrativos es improbable que incorpore lo que ha sucedido en la segunda quincena de marzo, que es cuando comenzó a aplicarse el estado de alarma.
Lo que se sabe de 2019 es que el número de deudores concursales aumentó un 14,6% en el último trimestre en términos anuales, lo que ya supuso una clara aceleración respecto del conjunto del año (3,1%). En total, y en ese periodo, 1.979 deudores, de los que 1.280 son empresas, y el resto personas físicas sin actividad empresarial.
La dura situación financiera de muchas compañías —la inmensa mayoría son micropymes y pequeñas empresas— se manifiesta en el hecho de que los últimos datos de la Seguridad Social mostraron que en marzo 122.000 compañías se dieron de baja en la cuenta de la Seguridad Social. Es decir, dejaron de cotizar al sistema público de protección social. Obviamente, por la imposibilidad de seguir cotizando, y es probable, como sucedió en la anterior crisis, que hayan dejado un rastro de deudas. Algo que explica el intenso incremento en el número de solicitudes de información a los registros.
Hay que recordar que en 2012, el año de la segunda recesión, el número de empresas que se habían acogido a un concurso de acreedores fue de 7.779, de las que alrededor de la tercera parte tenía que ver con la construcción y el inmobiliario. En la actual situación, lo que ha cambiado es el perfil. Como puso de reflejo la Seguridad Social, los sectores en crisis y, por lo tanto, más proclives a presentar concurso de acreedores son la hostelería, el pequeño comercio y el turismo.
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