El Gobierno confía en bajar la factura eléctrica de la gran industria un 20% con el estatuto
Reconoce que en las condiciones actuales «no es viable» la producción de aluminio primario en Avilés
El Gobierno central confía aún en sacar adelante el estatuto para las electrointensivas, aunque para ello el PSOE tendrá antes que revalidar la victoria electoral y lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pese a estos condicionantes, espera aprobar este proyecto, una vez quede constituido el nuevo Ejecutivo y, con ello, calcula reducir el coste de la electricidad para la gran industria en un 20%. Esta rebaja no cumpliría las demandas del sector, que lleva años denunciando un diferencial del 30% con respecto a sus competidores de Alemania, pero sí daría cierto alivio a las empresas, acuciadas por el alto coste energético, de las materias primas y unos derechos de emisión de CO2 al alza.
Más allá de las deficiencias que detectó en el borrador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), que en abril emitió un dictamen que hizo al Gobierno desistir de aprobar el estatuto antes de las elecciones generales, el Ejecutivo justifica el retraso en la aprobación del documento, ya adaptado a las exigencias de este organismo, en que sin estar plenamente en funciones «no se ajustaría a derecho». Este es el motivo por el que no se ha aprobado vía decreto, según argumenta en una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz.
De este modo, a pesar de que la figura del consumidor electrointensivo ya está establecida mediante un decreto ley aprobado en diciembre, su desarrollo sigue paralizado y la incertidumbre política no hace otra cosa que complicar la situación de empresas como Arcelor, que lleva meses anunciando recortes para sus factorías asturianas debido a la mala evolución del mercado, pero también a los costes energéticos. Este retraso también tiene influencia directa en la antigua fábrica de Alcoa de Avilés, ahora rebautizada como Alu Iberia. Sus nuevos dueños, el fondo Parter Capital, solo arrancarán las cubas de electrólisis si se logra una rebaja de la electricidad de entre 12 y 15 euros por megavatio, alrededor de ese 20% que calcula el Gobierno. De no hacerlo, no se podrá mantener la plantilla.
El tiempo, sin embargo, corre en contra. «El escenario de elevados precios que este insumo ha experimentado en los últimos años, así como la ausencia de inversiones en mejora tecnológica por parte de Alcoa, hace que no sea viable, a día de hoy, la producción de aluminio primario en las plantas de Avilés y La Coruña», reconoce el Ejecutivo, que no obstante confía en que el estatuto permita contribuir «de manera decisiva» al arranque de las cubas.
Las medidas que contempla el Gobierno consisten en la compensación de los costes de financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables y de energía producida por instalaciones de cogeneración eficiente, además de compensar los costes adicionales que se incluyen en la factura por el suministro a las Islas Baleares y Canarias -un 50% se financia a través de los Presupuestos del Estado y el otro 50% a través de cargos en la factura-, peajes que el Gobierno está dispuesto a suprimir. Asimismo, según se desprende de la respuesta dada a la diputada de Unidas Podemos, también se fomentará la contratación de energía eléctrica a largo plazo, a través de la figura de los llamados PPAs ('Power Purchase Agreement'), que contarán con una garantía pública sobre los riesgos de esta contratación.
A cambio de estas herramientas, el Ejecutivo plantea eliminar la subasta de interrumpibilidad -por la que se retribuye a la gran industria por desconectarse de la red en caso de necesidad- y los pagos por capacidad, dos mecanismos mal vistos por la Unión Europea, pero en estos momentos fundamentales para aliviar las altas facturas de la industria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario