El cierre de las térmicas tendrá un impacto negativo directo del 2,6% en el PIB asturiano
Iberdrola y Naturgy esperan el permiso para desmantelar las centrales de Lada y Soto de la Barca, pero no hay aún proyectos alternativos
El cierre de las cuatro térmicas de carbón que tiene Asturias supondría un recorte directo del 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, según cálculos de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Un ajuste que solo se refiere a la desaparición de la generación de estas centrales, sin contar la actividad indirecta que promueven y que va desde el transporte de carbón por carretera y barco, con importantes tráficos para El Musel, hasta las subcontratas. De ahí que la preocupación por el proceso de descarbonización en comunidades como Asturias sea máxima. De hecho, sin otra actividad que las sustituya, el desmantelamiento de estas centrales supondría reducir el peso de la industria de la región por debajo del 20% del PIB, el umbral que fija la Unión Europea como objetivo y que, hasta ahora, el Principado cumple.
La suerte para las térmicas de carbón parece estar echada. Otra cuestión es en qué momento se produzcan los cierres. EdP ha hecho las inversiones necesarias para que sus plantas de Aboño y Soto de Ribera sigan hasta 2030, aunque la compañía insiste en que será su viabilidad y el mercado los que marquen esta continuidad. Iberdrola, por su parte, lleva casi dos años y medio esperando el permiso para desmantelar la central de Lada (Langreo), mientras que Naturgy supera el año con la de Soto de la Barca (Tineo). Sin embargo, este visto bueno por parte del ministerio no acaba de llegar.
- Lada (Iberdrola)
- Cuenta con una planta de 350 MW y un centenar de trabajadores de plantilla. Iberdrola solicitó el cierre a finales de 2017.
- Soto de la Barca (Naturgy)
- Suma 530 MW y otro centenar de empleados de plantilla. La compañía solicitó el cierre a finales de 2018.
- Aboño (EdP)
- Preparada para continuar con su actividad hasta 2030, tiene 960 MW de potencia entre el grupo 1 (365 MW) y el 2 (595 MW). Aboño 1 se va a reformar para valorizar gas siderúrgico, eliminando el uso del carbón. Emplea de forma directa a entre 100 y 150 trabajadores.
- Soto de Ribera (EdP)
- Cuenta con un grupo de carbón, Soto 3, con 361 MW, listo también para seguir funcionando, y dos ciclos combinados de 431 MW y 433 MW. Tiene un centenar de empleados.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez siempre se ha insistido en que lo único que puede frenar la decisión de las empresas es la falta de garantía de suministro, al contrario que la posición del Ejecutivo de Mariano Rajoy -el exministro Álvaro Nadal intentó impulsar un real decreto para tener la última palabra en los cierres-. Sin embargo, los socialistas también han abogado por una transición justa y han demandado a las eléctricas proyectos alternativos para estas instalaciones. De momento, aunque se han barajado posibilidades, como utilizar las centrales para almacenar energía, no se conoce ningún plan concreto para Lada y Soto de la Barca. En el caso de Iberdrola, su presidente, José Ignacio Sánchez Galán, llegó a hablar de instalar parques eólicos, pero no podría ser en el entorno de Langreo. Este es uno de los aspectos que están retrasando el permiso para el desmantelamiento.
De hecho, Endesa, con solicitudes posteriores, ya ha logrado el visto bueno para cerrar algunas de sus centrales, como la de Compostilla II (León) o Andorra (Teruel), aunque en ambos casos se han presentado iniciativas para paliar el cese de la actividad en las comarcas afectadas. Para la planta leonesa, este mismo mes se ha cerrado la primera fase de un concurso de ideas con 32 proyectos de empresas para instalarse en los terrenos de la central. Se trata de actividades ligadas a la agroalimentación, los servicios, la construcción, la movilidad sostenible y la I+D+i.
En el caso de las dos factorías asturianas para las que se ha solicitado el cierre, el tiempo corre en contra de la implantación de esas actividades alternativas. Tanto Iberdrola como Naturgy pueden operar las plantas hasta el 30 de junio de 2020, apenas cuatro meses, ya que no han acometido las inversiones medioambientales (para la desnitrificación) que requiere Bruselas a partir de esa fecha.
No obstante, esto no significa el cierre automático, lo que deja cierto margen a la presión de las administraciones para reclamar proyectos alternativos, ya que la normativa contempla la posibilidad de mantener en funcionamiento las centrales un máximo de 1.500 horas anuales sin tener que acometer esas inversiones. Esto significa que las dos plantas ni tienen que ser desmanteladas ipso facto más allá de esa fecha, ni que las eléctricas podrán cerrarlas sin otro tipo de autorizaciones.
Este proceso para cualquier central eléctrica necesita el permiso del operador del sistema, que es vinculante si es negativo, y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero la última palabra la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que insiste en que para lograr la autorización de cierre son imprescindibles inversiones que apoyen el tejido empresarial de la zona y permitan una transición justa.
En Asturias quedan, no obstante, otras dos térmicas de carbón, en este caso de EdP, que sí han acometido las inversiones necesarias para continuar la actividad hasta 2030. Otro aspecto es que sus grupos térmicos sean suficientemente competitivos como para entrar en el mix, donde el combustible fósil se ha visto desplazado por el gas natural. De ahí que la central de Soto de Ribera esté operando, básicamente, con sus dos ciclos combinados, lo que puede complicar la viabilidad del grupo de carbón a medio plazo. En el caso de la central de Aboño, su actividad se mantiene gracias a la cercanía con la gran industria y al hecho de ser multicombustible, además de quemar gases de Arcelor, por lo que todo indica que su supervivencia está garantizada.
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