El Gobierno rebajará a la industria hasta un 85% de los cargos por las renovables
El estatuto de las electrointensivas prevé recortar este sobrecoste, fomentar los acuerdos bilaterales y compensar por las emisiones de CO2
Los ministerios de Industria y Transición Ecológica fundamentan el estatuto para el consumidor electrointensivo en tres grandes pilares: rebaja del sobrecoste de las primas a las renovables y los costes extrapeninsulares (la parte del recibo que pagan las empresas para financiar las energías limpias y la producción eléctrica de las islas, Ceuta y Melilla), refuerzo de las compensaciones por las emisiones indirectas de CO2 y el fomento de los contratos bilaterales de contratación de energía (llamados PPA por su denominación en inglés: 'Power Purchase Agreement'). Así lo explicó el secretario general de Industria, Raül Blanco, durante su intervención esta semana en el VIII Simposio Empresarial de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), en Barcelona.
«El mecanismo de compensación por costes indirectos de CO2 se refuerza con ayudas destinadas a compensar los aumentos de precios de la electricidad», apuntó Blanco en referencia a las medidas incluidas en el estatuto, que el Gobierno tiene previsto aprobar este mes en el Consejo de Ministros, tal y como apuntó recientemente la titular de Industria, Reyes Maroto. El estatuto, según explicó, establece un recorte de hasta el 85% de los cargos que soportan las empresas electrointensivas en concepto de primas que se otorgan a las renovables y la producción eléctrica extrapeninsular (que se costea a partes iguales entre los Presupuestos Generales del Estado y los consumidores a través de la factura).
Ambas bonificaciones se abonaría a través de las cuentas nacionales, al igual que las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 que repercuten en los recibos. Un sistema que el Gobierno quiere reforzar para atenuar el incremento del precio de los derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, Blanco apuntó que la intención es que esta partida, que en 2019 fue de 172 millones de euros, vaya creciendo en los próximos años. La idea es, por tanto, reducir el coste energético de la gran industria con estas medidas porque el actual mecanismo de interrumpibilidad no logra el efecto deseado. Así quedó de manifiesto en la última, celebrada en diciembre, de la que Arcelor y Asturiana de Zinc, las dos electrointensivas de mayor envergadura que hay en la región, se fueron de vacío.
Incentivar las fuentes limpias
El tercer eje sobre el que gira el estatuto es el impulso a los contratos bilaterales de energía renovable. Se trata de acuerdos directos de venta de electricidad entre un productor de energía y un comprador que pretenden conseguir una estabilidad en el precio y aportar seguridad. Así, los consumidores electrointensivos recibirían incentivos a cambio de contratar electricidad producida con fuentes limpias. No obstante, estas tres acciones previstas por el Gobierno dependen de los presupuestos, por lo que cual los beneficios para las empresas son difíciles de calcular ahora.
Según fuentes de la industria asturiana, el recorte final de la factura podría alcanzar, como máximo, alrededor del 15%. Pero esto sería en el mejor escenario posible. Con estas medidas que recoge el estatuto, el Ejecutivo socialista prevé acortar la profunda brecha que existe entre el precio de la electricidad que paga la industria en España y el que desembolsan las empresas instaladas en países del entorno. En concreto, el coste medio de la electricidad en España, en 2019, fue un 20,9% superior al francés y un 26,5% mayor que el alemán, según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege).
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