El impacto del accidente nuclear de Fukushima, el año 2011 en Japón, fue inmenso en daños materiales y provocó la evacuación de más de 100.000 personas; pero también ha tenido efectos profundos en los vaivenes de la política energética internaciona. Fue a raíz de ese desastre por lo que Alemania dejó de lado su apuesta por la energía nuclear y fortaleció la de carbón, hasta el punto de que, incluso en un contexto de de cierres anunciados en todo el ámbito de la Unión Europea, el país germano ha dado luz verde a la apertura de una nueva planta para quemar carbón a partir de junio en Dortmund. Pero el propio Japón ha dado un giro y plantea ahora la construcción de hasta 22 centrales térmicas en 17 ubicaciones diferentes a lo largo del país en los próximos cinco años. Este proceso tendrá una enorme incidencia, ya que se trata de una de las fuentes energéticas más contaminantes, en los tratados para tratar de frenar el cambio climático pero también en el aspecto económico. En distintas regiones europeas, como es el caso de Asturias, aún está por medir la incidencia en el empleo y la garantía de suministro eléctrico para la industria de la descarbonización mientras se reclama que las instituciones comunitarias fijen un arancel medioambiental para eludir la competencia desleal de países que pueden ofertar productos, especialmente en la siderurgia, mucho más baratos por no tener que cumplir la rigurosa normativa de Bruselas en materia medioambiental.
Sin embargo, la descarbonización europea no es simétrica y esto ha sido objeto de controversia. En una suma de decisiones de empresas privadas (Iberdrola ya anunció la pasada legislatura su intención irrevocable de cerrar sus plantas en Asturias) y también de iniciativas políticas por parte del Ejecutivo socialista con la ministra Teresa Ribera a la cabeza, la producción energética por quema de carbón en el Principado está sentenciada corto plazo. La «descarbonización acelerada» ha despertado la inquietud, a la espera de que se presenten alternativas, tanto en la patronal como en los sindicatos. El cierre de las térmicas de Asturias tendrá efectos relevantes en el empleo directo e indirecto (singularmente en el sector del transporte) pero también despierta serias dudas sobre la forma en la que se garantizará de forma continuada el suministro energético a la industria electrointensiva (aquella en la que el precio de la electricidad supone el mayor coste de producción) y que está muy asentada en el Principado. Noticias como la de que España compra electridad a térmicas de Marruecos mientras cierra sus plantas, o el anuncio de la nueva apertura en Alemania, ha sido muy polémicas en Asturias al apreciar una intensa diferencia de trato sin tener en cuenta los efectos de estas políticas en el empleo. La construcción de decenas de nuevas centrales en Japón podrían suponer también un revés importante en los esfuerzos europeos para frenar la contaminación que aumentará en el otro extremo del globo.
Para paliar los efectos en la economía y el empleo de esoceso de descarbonización comunitaria, la Comisión Europea lanzó el mes pasado su primera propuesta de un mecanismo de Transición Justa que, a pesar de su relevante monto conjunto (7.500 millones de euros con el propósito de movilizar hasta 30.000 sumando a la iniciativa privada y ayudas nacionales) tampoco ha estado exento de polémica por el reparto inicial previsto. Los mayores beneficiarios en inicio serían Polonia, cuya economía aún depende de forma importante del carbón y que además tiene un gobierno refractario a la transición energética, y Alemania. España queda en la cola del reparto, por lo que el Gobierno ha manifestado su intención de negociar que se tomen en consideración criterios que favorezcan a países que ya han tomado iniciativas en este sentido.
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