Desmontando las reformas económicas de Rajoy
Las líneas programáticas de PSOE y Unidas Podemos atacan la línea de flotación de las reformas estrella defendidas por Mariano Rajoy en el 2012 y el 2013 como herramientas imprescindibles para salir de la crisis económica. Es la puntilla a los cambios en el sistema de pensiones –un adiós negro sobre blanco a la revalorización eterna del 0,25% y el polémico factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida–. En realidad, una guerra perdida por la inmensa mayoría del arco parlamentario ante el empuje en la calle de los jubilados. Y, sobre todo, los socios apuestan por desmontar buena parte de la regulación laboral que amadrinó la popular Fátima Báñez.
El texto, hecho público ayer, va más lejos de lo que durante meses defendieron desde el gabinete de Pedro Sánchez. No sólo prometen acabar con la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial, limitar las subcontratas o prolongar la vigencia del convenio durante su negociación. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional les empuja a considerar “urgente” la derogación del artículo que permite despedir a un trabajador de baja médica. Pero además la negociación para sacar adelante el primer ejecutivo de coalición se salda con compromisos en cuestiones mollares como recortar la capacidad del empresario para cambiar unilateralmente condiciones laborales y salariales, así como revisar las causas del despido y de la contratación temporal. También contemplan una subida del salario mínimo interprofesional –que se debería sumar al incremento del 22% de este año–, aunque sin establecer un calendario preciso.
En cuanto a las medidas tributarias, no hay grandes sorpresas, más allá de lo recogido en las cuentas diseñadas en su día por la ministra María Jesús Montero. Sigue adelante la subida del IRPF para contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 euros –a pesar de que el PSOE se cuidó de retirarlo de su programa electoral– y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Y la implantación de las tasas Google y Tobin para gravar los resbaladizos beneficios de los gigantes tecnológicos y las transacciones financieras.
Es comprensible que la desnaturalización de la última reforma laboral y el aumento del SMI y de la presión fiscal sean bien recibidos por los sindicatos, mientras que la patronal vea confirmados sus recelos previos al acuerdo. Todas estas propuestas van en dirección opuesta a los planteamientos de los empresarios, que temen que acaben complicando la situación de una economía en plena desaceleración. Pese al guiño de Bruselas sobre disciplina en las cuentas públicas, se aprecia poco la mano de moderación abanderada por Nadia Calviño. El tiempo dirá si la vicepresidenta económica in pectore ha perdido el primer asalto o la guerra.
Vivienda, derecho y obligación
Las políticas de acceso a la vivienda han sido uno de los caballos de batalla de la izquierda agrupada en torno a Unidas Podemos. Y, a juzgar por las medidas que preanuncia el pacto con el PSOE, este ha sido un caballo ganador... por lo menos en la primera manga de una carrera que será larga y llena de obstáculos. La letra del acuerdo, que dedica un capítulo entero a la cuestión que para cientos de miles de españoles ha pasado a ser su preocupación número uno, recoge muchas de las reivindicaciones patentadas por los comunes catalanes y, en particular, por quienes gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona desde el 2015. Lo destacaba ayer la concejal de Vivienda, Lucía Martín, a través de su cuenta de Twitter: “Después de cuatro años exigiendo que las ciudades puedan regular los alquileres abusivos, y gracias a la presión ciudadana, hoy la medida se incluye en el acuerdo de gobierno. Ahora, a seguir presionando para su aplicación efectiva. La gente no puede esperar más”. El tuit de Martín deja clara la gravosa hipoteca que, para el primer gobierno de coalición desde la restauración democrática, hubiera supuesto un improbable olvido de las demandas surgidas de los movimientos sociales que curtieron a muchos de los actuales dirigentes de Unidas Podemos.
Incremento de recursos (los próximos presupuestos serán la prueba del algodón); un plan de rehabilitación; medidas para el realojo inmediato “en determinadas condiciones” de los inquilinos que no pueden hacer frente a los incrementos de rentas; movilización de suelo público (lo hay, y en cantidades ingentes) para pisos de alquiler social o asequible... Obligaciones ineludibles para un gobierno que se reclama de izquierdas ante la emergencia que vive el país. Y, sobre todo, en tiempos en que la compra queda fuera del alcance de una inmensa mayoría, un compromiso que luce bien (“frenaremos las subidas abusivas de alquiler”) pero que habrá que afinar con maestría de orfebre para que sea efectivo.
El recibo de la luz: emergencia social
Doce veces aparece la palabra plan y sólo seis la palabra ley en el apartado sobre cambio climático. ¿Es un indicio de su carácter voluntarista y bienintencionado? La nueva legislación es la punta de lanza de las políticas para afrontar la emergencia climática. Pero el foco ambiental se amplía: una ley de plásticos de un solo uso, nuevos espacios protegidos, mayor financiación de las políticas de biodiversidad, actualización de la ley de Costas y ley de Bienestar Animal.
Podemos introduce el objetivo de que en el 2050, el 100% de la electricidad sea renovable, el motor que debe arrastrar la transición energética. El meollo de los cambios gira en torno a la “reforma del sistema eléctrico”, con la que se busca ir prescindiendo de los combustibles fósiles y lograr unos “precios asequibles” de la electricidad para los hogares y las empresas. Meta prioritaria es acabar con la sobrerretribución de algunos modos de generación eléctrica: los beneficios caídos del cielo que obtienen los saltos hidroeléctricos o las centrales nucleares gracias al peculiar mercado mayorista y unas inversiones ya amortizadas.
También se promoverán “normas legales” para que la reducción de los costes de las energías renovables “se traslade” al precio final que paga el usuario, algo que ahora apenas detecta. En esta línea, se promete “modificar” el recibo de la luz, aunque no se concreta ni “plan” ni “ley”, lo cual exigirá mucha brega con las compañías eléctricas, que invocan los elevados costes fijos del sistema. La intención, en cualquier caso, es reducir el porcentaje que ahora representa el componente fijo en el recibo de la luz (potencia) y dar más margen al componente variable (consumo en kW), lo que sería un estímulo para ahorrar energía y abaratar los gastos.
También se emplea un eufórico “revisaremos” referido al fin de los subsidios que recibe el gas (pagos por capacidad en el argot); aunque la mayor firmeza se reserva para los “planes de acción urgente” en las comarcas “afectadas” por el cierre de las térmicas de carbón y las centrales nucleares.
El PSOE reactiva su no a la religión
Puede que ya nadie se acuerde, pero conviene recordar que lo escrito ahora sobre la reforma de la religión en los papeles del anunciado gobierno de coalición lleva coleando como un hecho por consumar desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa por la moción de censura en junio del 2018. Incluso antes en su programa electoral como enunciado y sin la apuesta por eliminarla, no fueran a enojar al Vaticano. Fue el 9 de noviembre del año pasado cuando trascendía vía proyecto del Ministerio de Educación, con Isabel Celaá, que el PSOE iba a desmontar la ley Wert empezando por la asignatura de religión. ¿Y qué ha sido de aquello en todo este tiempo? Nada: un proyecto silente en el Congreso. Con la arremetida contra la religión, el PSOE volvía (y vuelve ahora) sobre sus pasos y, tomando el espíritu de la ley educativa que aprobaron en el 2006, se disponía a fulminar uno de los aspectos más ideológicos que impusieron Wert y el PP. Así, la religión debía dejar de ser obligatoria y computable en la nota media. Es decir, lo mismo que recoge el pacto con Podemos. La única salvedad es que ahora se incluye el matiz “sin que haya una asignatura alternativa”. En el ámbito universitario, alegrará los oídos de los rectores la voluntad para mejorar la financiación de los estudios superiores y de las becas, aun cuando este aspecto precisa de un presupuesto adecuado tantas veces prometido pero que no acaba nunca de llegar. El gasto público para educación se mantuvo en el 4% en el 2018, seis décimas por debajo de la media en la UE. Otro aspecto destacable del documento PSOE-Podemos se refiere a la universalización de la educación de cero a tres años. También fue en octubre del 2018 cuando Sánchez anunció un acuerdo con Iglesias por el que se incluirían 330 millones de euros para mejorar la red de guarderías. El proyecto de presupuestos generales 2019, sin embargo, sólo contempló 30 millones en créditos para los ayuntamientos con déficit; los otros 300 debían salir de los presupuestos de los consistorios con superávit. ¿Y qué ha sido de aquello?
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