Una parte de la deuda del Principado es opaca y vulnera la ley, según la Sindicatura
El Gobierno se endeudó el pasado año en 595 millones de euros sin pedir autorización a la Junta General y no facilita las facturas del destino de 104 millones
Una parte de la deuda asturiana es opaca y ha sido tramitada al margen de la ley, según se desprende del informe sobre la cuenta general de 2016 elaborado por la Sindicatura. En concreto, el órgano fiscalizador hace referencia a dos circunstancias. Por un lado, la imposibilidad de conocer en qué se han gastado 104 millones de euros de préstamos recibidos por la administración asturiana ante su negativa a facilitar el detalle de las facturas. Por otro, el hecho de que el Principado se endeudara el pasado ejercicio -en situación de prórroga presupuestaria- en 595 millones sin haber solicitado el visto bueno de la Junta General ni informado del destino y las condiciones del crédito, «tal y como exige» la normativa vigente.
El informe de la Sindicatura señala que la cuenta general expresa «la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera» de la administración asturiana al cierre de 2016, aunque recoge un numeroso listado de objeciones, bien porque no se le permite acceder a determinada información, bien porque las cosas no se hacen con acomodo a la ley. Muchas de esas anomalías son reiteradas, lo que suele provocar la queja de la oposición en la Junta General cuando el informe se presenta en la Cámara. A buen seguro que así sucederá también esta vez.
La Sindicatura afea numerosos comportamientos al Gobierno. No le facilita las facturas correspondientes a esos 104 millones de deuda antes referidos, lo que impide conocer su destino. Tampoco le permite conocer el contenido de la llamada cuenta 402 del Servicio de Salud del Principado (Sespa), aquella que engloba las facturas que el organismo tiene pendientes de pago bien porque aún no las ha recibido, bien porque sí las ha recibido pero todavía no las ha formalizado. Es una cuestión que generó enorme polémica en años pasados, cuando se hablaba del 'gasto oculto' de la sanidad asturiana y de las 'facturas en los cajones' pendientes de pago. El órgano fiscalizador, además, sigue sin poder acceder en tiempo real al ejercicio económico a estudiar.
Pone la Sindicatura pegas a la forma en que el Gobierno gestionó la prórroga de 2016. Hace referencia a que el cálculo inicial se 'infló' en 21,7 millones: esto es, que el presupuesto prorrogado (el de 2016) incluye créditos iniciales superiores en esa cantidad al presupuesto que se prorroga (el de 2015), «contraviniendo la ley autonómica de régimen presupuestario».
Normativa que el Principado también quebrantó, establece el informe, cuando tramitó por su cuenta el endeudamiento de 2016, por importe de 595 millones, cuando hubiese requerido hacerlo a través de una ley a aprobar en la Junta General con indicación de las características de la operación y del destino de ese dinero. Otra cuestión polémica que en años anteriores ya acabó en los tribunales.
En el informe se recogen asimismo reparos a la forma en que el Principado tramita las subvenciones. El más relevante, que de los expedientes de subvenciones nominativas analizados, en más de la mitad de los casos -el 52%- no se considera suficiente la justificación de este procedimiento excepcional de concesión directa de la ayuda. La Sindicatura urge una revisión del régimen jurídico de subvenciones de la administración regional.
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