Defensa plantea un acuerdo para el reparto de la fábrica de armas de La Vega
El ministerio asegura que «habrá un acuerdo» sobre los usos para Oviedo y los «aprovechamientos» para el Estado | Descarta usos provisionales y compartidos, pero reconoce los derechos municipales al suelo
Defensa le aplicó ayer el 155 a La Vega. La «legalidad», insistió el director general de Infraestructuras del ministerio, Eduardo Zamarripa. Frente a los planes del alcalde para discutir usos provisionales y dejar el debate sobre la propiedad de los terrenos para el futuro, Zamarripa cortó el nudo gordiano. Planteó saltarse mesas de trabajo, reuniones de coordinación y el cruce de papeles que proponía el Ayuntamiento para llegar a un directamente a un acuerdo global, a un convenio en el que habrá, dijo, «unos terrenos dedicados a unos usos del Ayuntamiento y unos aprovechamientos limitados» para el Ministerio. Y fue tajante: «Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo», insistió Zamarripa.
El planteamiento del ministerio descolocó al equipo de gobierno. La de ayer debía ser la primera de muchas reuniones del grupo de trabajo que la titular de la cartera, María Dolores de Cospedal, y el alcalde, Wenceslao López, acordaron poner en marcha el pasado junio para buscar una salida para estos 122.000 metros cuadrados sin uso desde el traslado de la actividad fabril a Trubia en 2012.
El alcalde y el resto de grupos se planteaban como objetivos del encuentro abrir el recinto a la ciudad para «que los ovetenses dejen de ver La Vega tras la verja» y «poner fin a su deterioro, que es importante después de cinco años cerrada», en palabras del regidor. Defensa descartó siquiera hablar de ello. Ni tiene, alegó, dinero para mantenimiento -ofreció 20.000 euros- ni interés alguno en poner en marcha los «usos compartidos» que planteaba el regidor. Quiere llegar a un acuerdo para repartirse La Vega.
Con solo tres frases, Zamarripa dibujó el tablero de juego: «Tenemos especial sensibilidad con la ciudadanía», «la legalidad llega a todas partes» y «estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo». Se puede traducir, según fuentes presentes en la reunión, como que Defensa urge un acuerdo, en el que está dispuesto a ceder la mayor parte de los terrenos y edificios al Ayuntamiento, y que la «legalidad» le obliga y le avala para obtener aprovechamientos lucrativos.
«Vamos a un posible acuerdo rápido, pero que llevará mucho tiempo en trámites sobre la titularidad», reconoció una portavoz del gobierno. Uno, «dentro de la legalidad, porque la legalidad llega a todas partes y todos estamos obligados a cumplirla», insistió Zamarripa, que la apostilló al ser preguntado por la posible 'cesión' de los terrenos: «La palabra 'ceder' no la entiendo muy bien».
El equipo de gobierno acabó por reconocer que salió de la reunión «muy satisfecho», aunque se reiteraron los llamamientos a la prudencia. «No es un asunto que se pueda dilatar en el tiempo generando falsas expectativas a los ovetenses», advirtió Ana Taboada. Es un primer paso, dijo el alcalde, Wenceslao López, «pero queda mucho por recorrer» y recordó que en El Cristo se tardó cuatro meses en establecer los protocolos de actuación.
Los pasos a seguir
La siguiente reunión, sin embargo, no se demorará mucho. Ambas partes acordaron verse de nuevo antes de final de año y se pusieron deberes. Oficialmente, aportarse documentación sobre los derechos que esgrime cada una sobre la propiedad de la fábrica. Sí, pero no para discutir sobre ellos -Defensa admitió ayer que no discutirá los que pueda pruebe el Ayuntamiento- o acabar en los tribunales, sino como forma de respaldar sus objetivos.
Al alcalde casi se le escapó en su comparecencia. Insistió en trabajar para llegar a un acuerdo dentro de la ley, en un reconocimiento implícito de la posición de Defensa, ya que no se puede «trabajar al margen de esta», y adelantó que lo harán «conjuntamente» y «en paralelo» para redactar los documentos sobre los futuros usos y la propiedad. Fuentes del equipo de gobierno insistieron en que no cabe esperar un «acuerdo inmediato» en la próxima reunión, sino conocer las aspiraciones concretas de cada parte de cara a este y fijar las condiciones para la negociación.
Una solución esbozada
«Es lo lógico, Defensa no tiene ningún interés en pleitear por la propiedad de unas naves protegidas y que no quiere para nada y tampoco gastar dinero en su mantenimiento, quiere lo que se pueda sacar», resumió un concejal de gobierno. La idea es parecida a la que proponía el anterior equipo de gobierno: obtener la mayor parte de los terrenos y edificios a cambio de sacrificar una parte para usos residenciales y comerciales.
Ayer no hubo números. Solo salió una cifra, el alcalde, Taboada y Pontón pidieron sensiblidad a Defensa para los 55 despedidos de la fábrica de armas de Trubia, que, recordó la líder de Somos, «fueron trabajadores públicos y ahora están en manos de una multinacional».
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