martes, 27 de febrero de 2018

Haciendo ciudad....

El Ayuntamiento de Oviedo y Defensa buscan un acuerdo «global» para los terrenos de La Vega

El Ayuntamiento de Oviedo y Defensa buscan un acuerdo «global» para los terrenos de La Vega
Una vista de la fábrica de La Vega, con los antiguos chalés, hoy en día abandonados. / MARIO ROJAS

El equipo de gobierno advierte de que las negociaciones serán «un proceso largo y con límites» para ambas partes

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Lo que toca tiene aires de llevar tiempo. Después de que, como adelantó EL COMERCIO en exclusiva el pasado domingo, Defensa haya puesto precio a sus derechos sobre los terrenos de la fábrica de armas de La Vega-en cerca de 32 millones de euros-, a ambas partes les toca negociar «un acuerdo global» sobre los terrenos, que suman 122.000 metros. En ese marco, explicaron fuentes municipales, se integra el protocolo remitido desde el Ayuntamiento de Oviedo al Ministerio de la Defensa a finales de la semana pasada, tras introducir algunas correcciones en el borrador inicial diseñado desde la Alcaldía.
En ese «acuerdo global», Defensa pide 32 millones 'negociables', pero el Ayuntamiento intentará rebajar esa cifra haciendo valer sus derechos históricos sobre parte de los terrenos o el mal estado de conservación en el que se produciría la reversión de algunos de los edificios del conjunto. «Son muchos papeles, no es una decisión política en exclusiva si conviene o no pagar por recuperar La Vega; hay límites que, en principio, ninguna de las partes podemos traspasar», señalan fuentes del equipo de gobierno.
O lo que es lo mismo, Defensa no puede regalar su patrimonio -tiene una ley que se lo prohíbe después de varios casos en los que la presión de otras administraciones dio al traste con la venta de sus activos- y el Ayuntamiento tampoco puede pagar por cosas que ya sean suyas o sobre las que tenga, como sostiene, derechos históricos desde el siglo XIX. «El proceso será largo», aunque el Ayuntamiento espera novedades la próxima semana.
En realidad, el escenario se movió tras la visita a Oviedo del director general de Infraestructuras del ministerio, Eduardo Zamarripa, el pasado mes de octubre. El equipo de gobierno llevaba tiempo preparando el encuentro, reuniendo la documentación histórica y perfilando una postura común, en la que primaban los planes para abrir el recinto a la ciudad con usos provisionales mientras se discutía la titularidad, e incluso tentar al ministerio con una oferta de usos compartidos, en la que Defensa podría quedarse parte del espacio para un centro tecnológico.
Frente a esas cábalas, Zamarripa cortó por lo sano. Planteó un convenio en el que habría, dijo, «unos terrenos dedicados a unos usos del Ayuntamiento y unos aprovechamientos limitados» para el ministerio. Con solo cuatro frases, Zamarripa dibujó un nuevo tablero de juego: «Tenemos especial sensibilidad con la ciudadanía», «la legalidad llega a todas partes», «la palabra 'ceder' no la entiendo muy bien», y «estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo». El mismo marco sigue vigente hoy tras el relevo de Zamarripa por el vicealmirante José Francisco Pérez-Ojeda, y aunque el acuerdo sigue lejos, el debate ahora es de números. Los de Defensa son sencillos de explicar: 118.730 metros cuadrados de suelo, con la edificabilidad actual de la parcela (0,46 metros construidos por metro de suelo) y el precio de venta de metro industrial en Oviedo, alrededor de 600 euros por metro cuadrado, y eso tomando como referencia los el polígono de Olloniego y no el del Espíritu Santo, más cercano y más caro, como un signo de la buena voluntad de Defensa. Esos 32 millones de euros verbalizados en el último encuentro entre las partes, supone, además, una rebaja importante sobre los términos en los que negociaba con la anterior Corporación, cuando pedía aprovechamientos por unos 50 millones.

Opciones

Los 32 millones no son el precio final y tampoco los pide el ministerio en 'cash', en efectivo. Defensa aceptaría matizar las cifras en función del estado de conservación de los inmuebles y aceptaría un intercambio por otros activos inmobiliarios, que no tendrían porqué estar situados en La Vega. Y de eso tiene el Ayuntamiento en abundancia. Este año prevé aumentar su patrimonio de suelo en 25 millones de euros. Solo en los planes de La Lloral, PP-5 o Prados de la Fuente tiene parcelas sin vender por 9,6 millones y por otros tres, en Colloto-Ciudad Jardín. En La Estrecha o en Manjoya-Cabornio está a punto de firmar la cesión de otros suelos por 5 millones.
Nada es tan fácil, claro. Las valoraciones de los terrenos desde la crisis han entrado casi en el campo de la fe y, en el caso de los suelos urbanizables, en el del horóscopo, la cartomancia, los posos del té y cosas similares. Casi todo se puede discutir, por eso el objetivo municipal es fijar una agenda para ir, si no quemando etapas, avanzando hacia ese acuerdo global «en defensa de los intereses de la ciudad».
En contra juega que la postura del gobierno dista de ser unánime en el asunto. Tras publicar este diario la estimación de Defensa, la vicealcaldesa, Ana Taboada se apresuró a afirmar que «pagar por La Vega no está en la mesa de negociación del tripartito» y abogó porque la cesión de los terrenos «sea gratuita», tal y como pasó con la antigua fábrica militar de Palencia. No es lo que dice la ley.

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