El Confi.
No es la primera vez que el Ministerio capitaneado por Isabel García Tejerina da un toque a las comunidasdes autónomas, con competencia para inspeccionar y sancionar en caso de irregularidades. La Dirección General de Industria Alimentaria ya mandó una carta en abril en la que decía tener la "fundada sospecha" de que se estaban alterando "algunas muestras", sin desvelar nombres ni regiones de procedencia de las aceiteras. La Agencia Catalana de Consumo aseguró entonces que los envasadores implicados eran andaluces, y fue una de las poquísimas comunidades que respondió a la solicitud de El Confidencial. Y es que hablar de fraude en la calidad del aceite activa el piloto automático del silencio en las administraciones, muy cuidadosas a la hora de facilitar unos datos que no son de dominio público.

¿Quién manipuló los aceites? Cataluña apunta a envasadores andaluces
"Sí que han llegado cartas donde el Ministerio nos pide que prestemos atención a la calidad del aceite", añaden desde la Consejería de Agricultura de Valencia. Madrid, Andalucía y Cataluña de momento no han ofrecido ninguna información al respecto. Las autoridades tienen motivos para centrar buena parte de sus esfuerzos en una industria con elevados porcentajes de fraude. Incluso rozan el 50% de las muestras analizadas, deslizan fuentes del sector.
Según un informe de la OCU, 12 de las 40 marcas analizadas no superaron la prueba de cata estándarLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya alertó de la gravedad de la situación en un informe (2012) donde concluyó que 12 de las 40 marcas analizadas no superaron la prueba de cata estándar. En concreto, dos enseñas no cumplieron los requisitos sensoriales para venderse como aceite de oliva virgen. "En vista de sus numerosos defectos, son lampantes y deberían haberse destinado al refino y no a la venta". Otras nueve botellas que se comercializaban como 'extra' tampoco alcanzaron los atributos para llevar esa denominación.

"¿Fraude? Es una cuestión discutible"
El aceite es el "único producto" del mercado que está obligado a someterse a un análisis organoléptico como paso previo al etiquetado que definirá sus cualidades. "Dependemos del criterio de un panel de catadores. Es un proceso subjetivo que crea una inseguridad jurídica para las empresas", denuncian fuentes de la patronal de envasadores y refinadores, Anierac.Y consideran injusto que a menudo se hable de fraude cuando, en su opinión, se trata de una simple diferencia de criterios. Las aceiteras se exponen a "multas de 30.000 euros o más" y ven su imagen "destrozada" en los medios sin ser realmente culpables en muchos casos, matizan desde esta organización. Eso sí, se declaran "firmes defensores" de las labores del Ministerio para atajar las irregularidades y son uno de los 78 firmantes que han suscrito el código de buenas prácticas de la industria de la alimentación.
La lupa de AICA
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) propuso 56 sanciones
en 2016, sobre todo por incumplimiento de los plazos de pago (12,50%) y
por la ausencia de contratos en las transacciones (82,14%) en sectores
como el vino,
el aceite y los lácteos. Las comunidades autónomas deberán recoger el
guante de este organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. También
reportó 298 avisos en dos años sobre casos de venta a pérdidas,
si bien no tiene competencia para sugerir sanciones en este supuesto.
La toma de muestras de aceite (39) y leche (36) ascendió a un total de
75 en 2016, si bien los resultados de dichas inspecciones no son
públicos.
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