jueves, 22 de diciembre de 2016

Pasítos energéticos...

Sector Eléctrico. Acuerdo para bono social y “pobreza energética”
22.12.2016 09:20 (AHORRO CORPORACION)
PP, PSOE y Ciudadanos acordaron ayer la reforma del bono social de la tarifa eléctrica y prohibir los cortes de luz a consumidores “muy vulnerables”.Por un lado, se establece que la financiación del bono social de la tarifa será financiado por las comercializadoras eléctricas en función de su cuota de clientes, según propuso el Gobierno y, por otro, se prohíbe los cortes de suministro a consumidores en situación de pobreza severa.
La primera medida se aplicará desde el momento en que se convalide el citado RDL, al margen de su posterior desarrollo reglamentario, pero en el segundo caso habrá que esperar a una larga y ardua reglamentación.
Aunque el texto legal establece en una disposición que su desarrollo se hará en tres meses, no todos confían en que se pueda cumplir este plazo, pues en él participarán las comunidades autónomas (la intención es que éstas y los ayuntamientos paguen la mitad de las facturas impagadas y la otra mitad, las comercializadoras eléctricas) a través de la Conferencia de Presidentes.
Valoración ACF
El Bono social eléctrico es una tarifa especial con descuentos del 25 % al que pueden acceder los consumidores más desfavorecidos, bien por tener contratada la potencia mínima (3 kw), o por ser familias con todos sus miembros en paro, ser pensionistas con la mínima pensión, o familias numerosas o monoparentales de categoría especial.
En España se benefician de estos descuentos en la factura de la luz casi dos millones y medio de consumidores, por un importe total que en el año 2016 se estima en unos 186 millones de euros. Esta subvención actualmente la costean las compañías eléctricas. Por ley, el gobierno ha diseñado un sistema para que las eléctricas se repartan el coste del bono social eléctrico en función de criterios como volumen de facturación y número de clientes.
Las compañías eléctricas no están conformes con este sistema. Consideran que corresponde al Estado y no a empresas privadas asumir el coste de este tipo de subvenciones sociales. Además, argumentan que los criterios de reparto del coste del bono social entre las empresas alteran la competencia al no ser claros ni proporcionales y ni tan siquiera el bono social cumple su objetivo, pues se están beneficiando de los descuentos más de 800.000 hogares que no lo necesitan, mientras miles de familias se encuentran en situación de pobreza energética.
Veremos cuáles son las condiciones finales y el impacto neto para las eléctricas pero a priori no esperamos un impacto relevante en las cuentas.

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