domingo, 19 de febrero de 2017

Presupuesto y elecciones.....?

El Gobierno ha resuelto el gran dilema. Presentar o no presentar en las Cortes los nuevos Presupuestos, esa era la cuestión que finalmente se ha decantado con una mirada a Bruselas y el socorrido sentido de Estado al que suele apelar Mariano Rajoy cuando la encrucijada política ofrece soluciones tentadoras pero alejadas de la práctica más ortodoxa. ¿Qué parte del sí o sí no entienden? Ha sido la respuesta marianista con que se ha zanjado el debate dentro del Consejo de Ministros, donde no todos los presentes estaban por la labor de arriesgar un fracaso parlamentario a mitad de curso económico.
Hace poco menos de cuatro meses el Partido Popular tampoco tenía muy claro si era preferible asumir el poder ejecutivo con una posición realmente débil o había que lanzarse la manta a la cabeza con la convocatoria de unas terceras elecciones generales. Rajoy apostó al final por un desbloqueo de la situación política en España como garantía de un pacto fiscal con la Comisión Europea y asumió 'in extremis' el debate de investidura a sabiendas de que su precariedad en el Parlamento obligaría al Gobierno a jugar a la defensiva durante los primeros y decisivos compases de la legislatura.
El Gobierno no tiene reparos en asumir la prórroga de Presupuestos en 2017, pero no aceptará un segundo embargo de las cuentas públicas en 2018
La Ley de Presupuestos para 2017, con el año encarrilado a partir de los acuerdos comunitarios, invita de nuevo a un ejercicio de prestidigitación donde ahora sobran los malabarismos porque aquí lo único que se pretende es cubrir el expediente con arreglo a los tradicionales cánones legislativos. Rajoy no quiere ser el primer presidente de la democracia que no rinde cuentas públicas a las Cortes y ha dado mandato a su principal lugarteniente en materia económica, Cristóbal Montoro, para que antes de Semana Santa presente un proyecto en el Congreso que luego los diputados se encargarán, o no, de validar con carácter legal.
El resultado de este partido a partido es lo que menos importa porque incluso en el supuesto peor escenario de una derrota parlamentaria los responsables de la Hacienda pública dispondrían de un argumento esencial para apurar los objetivos de consolidación fiscal con la obligada prórroga y eventual congelación de muchas partidas de gasto público. Como diría Shakespeare en boca de Hamlet, nada mejor podría pedir el Gobierno a la oposición que un rechazo de los nuevos Presupuestos. A partir de ahí el PP se sacudiría la carga de la prueba ante la falta de estabilidad política y económica disponiendo de una baza indispensable para llamar a la urnas si es que fuera necesario.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Reuters)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Reuters)
La presumible prórroga presupuestaria no acarrea ningún problema para el Gobierno; si acaso, una refriega con las comunidades autónomas acerca de esos célebres 4.000 millones de financiación extra comprometidos hace unos meses, pero que ahora volverían a estar en el alero. Rajoy y Montoro tienen la sartén por el mango, por lo menos hasta el mes de junio cuando ha de iniciarse el nuevo ciclo presupuestario para 2018, un año que se vislumbra en el horizonte cargado de nubarrones y en el que es muy previsible que la economía española deje de impulsarse con los vientos de cola que han facilitado la salida, todavía incipiente, de la crisis.
El jefe del Ejecutivo no podría soportar dos años seguidos con las cuentas públicas embargadas en el Parlamento porque eso implicaría la renuncia efectiva a la acción de gobierno y el consiguiente descrédito ante las instituciones comunitarias. Pero además del deterioro político y la pérdida de confianza internacional, la parálisis presupuestaria amenaza con esparcir la simiente de un pernicioso cambio de ciclo que pondría de relieve los desequilibrios estructurales de un modelo económico en plena fase de reconstrucción. Las estimaciones de crecimiento económico pueden resultar muy engañosas a tenor de la ingente tarea que aún falta por hacer en España.
El primer grito de alerta viene dado por el repunte de la inflación que el Ministerio de Economía considera ocasional en estos primeros compases del año. El efecto escalón y la subida del precio de la energía han contribuido, no obstante, a generar las alarmas entre los agentes sociales y el Gobierno está especialmente preocupado por la deriva de una negociación colectiva en la que los empresarios estarán tentados de sacrificar la competitividad a cambio de paz social. Los esfuerzos en pro de esa devaluación interna que ha sostenido la economía española estos últimos años tendrán que enfocarse hacia otros derroteros, pero el problema reside en que el sistema productivo no ofrece tampoco muchas otras alternativas que no sean la pura y dura contención de salarios.
La subida de los tipos reales es un hecho y puede suponer una carga adicional este año de 5.000 millones en pago de intereses por deuda pública
La inflación, que al cierre de enero alcanzó el 3%, altera el ecosistema de una economía prendida con alfileres y, aunque se modere a lo largo del ejercicio, está deteriorando las finanzas del Estado, obligando al Tesoro a rascarse el bolsillo en sus más recientes emisiones de deuda a largo plazo. Las primeras subastas de 2017 se han colocado medio punto más caras que las últimas de 2016 y a este paso se estima que la broma pueda costar al cierre del ejercicio 5.000 millones por encima de lo previsto. No es de extrañar que en Bruselas vuelvan a tentarse la ropa con las previsiones de déficit y auguren que tampoco este año se podrán cumplir los objetivos de la senda fiscal pactada por España.
Los tipos de interés reales ya están subiendo y a poco que Mario Draghi termine cediendo al influjo de Estados Unidos o a las presiones más directas de Alemania es muy previsible que también lo hagan los tipos de interés oficiales: “Entonces nos vamos a enterar”, aseguran los portavoces del Gobierno más autorizados en la materia. Rajoy ha tomado buena nota y de ahí que sus mejores intérpretes, aquellos que con más firmeza defienden el carácter previsible del presidente, empiecen a barruntar un adelanto de elecciones que permita al líder renovado del PP recuperar el timón del país. Razones políticas sobran para ello y motivos económicos desde luego que no faltan.

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