Todos los comercios tendrán que permitir el pago con tarjeta a partir de 30 euros
José María Camarero
Además, el Gobierno ha aprovechado esta transposición para mejorar la protección de los ciudadanos en el caso de que les roben sus tarjetas o las pierdan y puedan ser utilizadas de forma fraudulenta para realizar compras o retirar dinero en efectivo de los cajeros sin su preceptivo consentimiento. Hasta ahora, la pérdida máxima que un cliente bancario debía asumir ante esa situación era de 150 euros. Cuando esta ley entre en vigor, la cuantía se reduce hasta los 50 euros. Al mismo tiempo, se acorta el plazo de respuesta del banco para la resolución de la correspondiente reclamación que será de 15 días, frente a los dos meses actuales.
Se rebajará de 150 a 50 euros la responsabilidad máxima del titular por el uso fraudulento de un medio de pago
En poco tiempo no habrá excusa para que los comerciantes prohíban a sus clientes pagar con tarjeta en sus establecimientos. Los carteles en los que se advierte sobre esta restricción, o el propio aviso que suele hacer el empresario a los ciudadanos, tendrá que adaptarse a la nueva realidad: cualquier negocio deberá permitir el pago de una compra o servicio con tarjetas u otros métodos electrónicos, siempre que se trate de importes de al menos 30 euros por operación. Esta es una de las novedades que incluye el anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, con el que se instará a muchas actividades económicas a adaptarse a esta obligación legal. Buena parte de los negocios donde aún no está implantado por completo el uso de los TPV -terminales de pago- son bares, restaurantes, chiringuitos de playa, así como talleres de automoción, peluquerías o supermercados de productos de conveniencia.
La exigencia, impulsada por el Ministerio de Economía, va más allá de lo que recomienda la directiva de pagos de la Unión Europea -también conocida por las siglas PSD2-, la norma por la que el Ejecutivo ha traspuesto la legislación comunitaria a través de un anteproyecto que ahora deberá superar el correspondiente trámite parlamentario. Un proceso que previsiblemente se desarrollará durante los próximos meses. La norma no impone el uso de los TPV a los empresarios en sus establecimientos, pero sí al menos algún instrumento de pago alternativo al dinero en efectivo.
Mayor protección
Además, el Gobierno ha aprovechado esta transposición para mejorar la protección de los ciudadanos en el caso de que les roben sus tarjetas o las pierdan y puedan ser utilizadas de forma fraudulenta para realizar compras o retirar dinero en efectivo de los cajeros sin su preceptivo consentimiento. Hasta ahora, la pérdida máxima que un cliente bancario debía asumir ante esa situación era de 150 euros. Cuando esta ley entre en vigor, la cuantía se reduce hasta los 50 euros. Al mismo tiempo, se acorta el plazo de respuesta del banco para la resolución de la correspondiente reclamación que será de 15 días, frente a los dos meses actuales.
La futura Ley de Servicios de Pago dará cabida a nuevos operadores en este tipo de servicios. Por una parte se regula la actividad de los 'intermediarios'. Esto es, compañías que actúan entre consumidores y comerciantes para garantizar el pago de cualquier compra al establecimiento directamente, como alternativa a la tarjeta. También se adapta la actividad de los 'agregadores', esto es, empresas que se dedican a agrupar toda la información de las diversas cuentas que pueda tener un cliente para clasificarlas por categorías y ofrecer servicios de asesoramiento e información a los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario