El Consistorio remitirá el expediente de Villa Magdalena a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas
Es el mismo órgano de control que rechazó por dos veces la existencia de responsabilidad patrimonial
El Ayuntamiento de Oviedo acostumbra a tropezar, reiteradas veces, con las mismas piedras. Si tienen forma de palacete y acaban costando 68 millones de euros, más. Ayer, la junta de gobierno local, a instancias del alcalde, Wenceslao López, iba a tratar qué hacer con el expediente de Villa Magadalena que caduca este noviembre. Ese expediente que, a instancias de López y tras dejar morir el primero, concluyó, el pasado julio, lo mismo que el original: la expropiación del inmueble que se tasó en 11,2 millones de euros y por el que se acabaron pagando 63,8 no tiene culpables con responsablididad patrimonial. Conclusión bastante lógica cuando se le encargó, las dos veces, a la misma funcionaria que fue consecuente consigo misma: el incremento de precio era «cosa juzgada».
Se iba a tratar en la junta de gobierno y no se hizo pese a que los tres grupos que sostienen el gobierno municipal coinciden en que la única salida que tiene Villa Magadalena es dar traslado de toda la documentación a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que decida, si procede, iniciar un procedimiento de oficio.
Es una salida, al menos, pero resulta paradójico que la tasación del palacete regrese al organismo de control. Aquel que en 2011 y 2012 desestimó sendas denuncias por no hallar en ellas perjuicio contable. Las mismas piedras.
Se iba a tratar y no se hizo porque pese a que el equipo de gobierno está de acuerdo existen dudas de la capacidad de la junta de gobierno acerca de dar traslado, tal cual, del expediente y del informe de la Universidad de Oviedo -anónimo hasta la fecha- que lo motivó. Según fuentes municipales, los concejales decidieron tomar la decisión con un informe de Abogacía Consistorial que fundamenta las razones de continuar el litigio fuera del Ayuntamiento.
La primera vez que el Tribunal de Cuentas archivó la denuncia entendió que no existían responsabilidades contables en la expropiación «no nos encontramos ante un descubierto injustificado de fondos públicos que haya sido atribuible a quien tiene a su cargo el manejo de caudales públicos», sostuvo con la tesis de que entonces no se habían producido los daños derivados del convenio firmado entre Ayuntamiento y la sociedad Comamsa para saldar la deuda. Es decir, que aún no se había dado en propiedad a la empresa el subsuelo de la calle Uría y alrededores para tres aparcamientos con 1.500 plazas más un solar en Teatinos para 250 viviendas libres y cocheras.
El traspaso de bienes finalmente no se hizo y con la última sentencia, de 2016, el Ayuntamiento pagó a la expropiada más de 22 millones de euros como justiprecio, a sumar a los 21 abonados hasta entonces. A ellos se añadieron los intereses legales devengados desde que Comamsa solicitó la retasación, en 2007: 16,2 de los que se pagaron ocho más en la última ejecución.
Nada de esto hubiera sido así si el Partido Popular, en 1998, hubiese cumplido su propio acuerdo de la comisión de gobierno y consignado el justiprecio antes de recurrirlo. De ahí que el equipo de gobierno resultante de las elecciones de 2015 comenzara la batalla de los expedientes para tratar de encontrar responsables en la gestión de un inmueble que, en la primera operación urbanística, en 1997, costó a Miguel Ángel Menéndez del Fueyo 3,4 millones de euros
¿Qué es lo que hizo mal la administración para que la expropiada Comamsa pudiese pedir una millonaria retasación? El informe pedido por López a la Fundación Universidad de Oviedo cerró el foco sobre lo que hicieron los sucesivos equipos de gobierno del PP desde 1998: «Incumplir la legislación presupuestaria» al no consignar ni pagar el justiprecio original pese a aprobarlo en comisión de gobierno. En el expediente a archivar para la instructora y a llevar a la Fiscalía por parte del equipo de gobierno, la redactora no lo ve así. La comisión de gobierno ordenó la consignación de los 11,2 millones pero en diciembre de aquel año, no había dinero en el presupuesto para estel gasto.
La clave
Y ahí está el meollo de la no existencia de responsabilidades patrimoniales. Para la instructora, donde metió la pata el Ayuntamiento es en «la falta de realización de cualquier tipo de trámite» para pagar el justiprecio ni ese año ni los dos siguientes. Ello, a su juicio, «supone un incumplimiento evidente de las normas presupuestarias y contables», lo que le lleva a concluir que se trata, no de una responsabilidad patrimonial por los daños causados a las arcas consistoriales, sino un incumplimiento de la normativa presupuestaria, una «responsabilidad contable». Y el órgano competente para enjuiciar este tipo de actos es el Tribunal de Cuentas, que ya lo hizo en dos ocasiones, en 2011 y 2012.
Algo que el segundo informe de la Fundación Universidad de Oviedo rechazaba que «se tratase de una cosa juzgada», porque la sentencia que estableció el precio final no se produjo hasta noviembre de 2016 y los autos del Tribunal de Cuentas son de cuatro años antes. También señalaba que el incumplimiento de la ley de Expropiación «está acreditado, por haberlo reconocido así los propios responsables políticos». Sin embargo, instructora no halló indicios de responsabilidad patrimonial en los que fueron alcalde y concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008. Es decir, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo.
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