El Gobierno anuncia un nuevo sistema de tarifa eléctrica para «dar estabilidad» a la industria
El secretario de Estado de Medio Ambiente afirma que «no tendrá fecha de caducidad» y permitirá a las empresas «hacer planificaciones a largo plazo»
Un mensaje de «compromiso» con la industria asturiana. Eso fue lo que quiso transmitir ayer Hugo Alfonso Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, durante su participación en el II Foro del Consejero, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Oviedo. Aseguró que «a esa industria hay que decirle que el Gobierno está decidido a darle un marco de estabilidad que les permita hacer sus propias planificaciones para invertir» a largo plazo.
Hasta ahora, señaló el asturiano Morán, «ha venido padeciendo un proceso de incertidumbre a lo largo de los últimos años, ya casi décadas, con permanentes saltos en el coste de la energía». Algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera atajar a final de año con un nuevo marco regulatorio. No concretó ninguna medida de las que se incluirán en el nuevo sistema de tarifa eléctrica, pero sí dejó claro que el objetivo es «que no tenga fecha de caducidad». Morán señaló que «intentarán que no se demore demasiado» y confía en poder proceder a su tramitación parlamentaria el próximo mes.
Las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente llegan menos de 24 horas después de que el Ejecutivo anunciara un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva fruto de la reunión mantenida entre las ministras Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica), los presidentes autonómicos y los alcaldes de La Coruña y Avilés para abordar el cierre de las plantas de Alcoa. Un tema en el que Morán no quiso entrar en demasía, pues «no es competencia» del Ministerio para la Transición Ecológica, sino del de Industria. Sí reconoció, no obstante, que hay un diálogo constante para solventar el problema y aseguró que las electrointensivas asturianas son sostenibles. «Dan respuesta a una necesidad productiva que no encuentra acomodo en otros mecanismos», remarcó.
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Del mencionado encuentro entre ministerios, gobiernos regionales y autoridades locales únicamente trascendió el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad antes de final de año y la aprobación de la compensación de costes por emisiones indirectas de CO2, cuya partida ya estaba contemplada en los presupuestos de este año y hasta el momento no se había ejecutado. «Nuestro objetivo es dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en el que el coste de la energía ha repuntado y dar el mensaje de que vamos a trabajar por este sector», señaló la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Sin chantajes
Las palabras de Maroto no despejaron, sin embargo, las dudas de los grupos de la oposición en la Junta del Principado. Solo Marcelino Marcos Líndez (PSOE) aseguró estar «tranquilo» por el anuncio de estas decisiones, que, añadió, «dan estabilidad a la industria electrointensiva». Para el resto, el caso de Alcoa debe tomarse como «un aviso a navegantes», tal y como señaló Armando Fernández Bartolomé, diputado de Ciudadanos. De hecho, «va más allá» del problema con esta multinacional en concreto, según el popular Pedro de Rueda, quien lamentó que las valoraciones de la ministra Teresa Ribera sobre la transición energética en la región «no han sido satisfactorias y crean incertidumbre».
IU, por su parte, reclamó un sistema «distinto» al de la subasta de interrumpibilidad anual. El diputado de la formación, Gaspar Llamazares, instó al Ejecutivo a diseñar una «política industrial activa» y a instaurarla como una de las prioridades económicas del país.
Podemos y Foro reclamaron «más firmeza» al Ejecutivo central en el tratamiento del conflicto de Alcoa. «Nuestra industria y nuestro Gobierno no pueden ser chantajeados por multinacionales poco éticas», espetó la diputada de la formación morada, Lorena Gil. Y Pedro Leal (Foro) instó al Gobierno central a «plantarse de inmediato» en Pittsburg para reunirse con el presidente de la empresa.
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