Bruselas defiende que el rescate de los bancos italianos es válido

27/06/2017 - 03:32ENRIQUE SERBETO

La decisión de las autoridades europeas de autorizar al Gobierno italiano a rescatar Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, declarados «en quiebra o a punto de quebrar», ha suscitado numerosos interrogantes, el más importante de los cuales es por qué se ha utilizado un rasero distinto al que se empleó con la resolución en España de Banco Popular. Lo que parecía como un modelo de aplicación de las nuevas reglas de resolución aprobadas en el marco de la Unión Bancaria, se ha desvanecido en cuestión de semanas en cuanto se ha aplicado al caso de las dos entidades italianas, que han sido rescatadas con dinero público para que los accionistas y bonistas de ambos bancos no perdieran toda su inversión.

La información oficial insiste en que se ha aplicado la misma regla en los dos casos, que es que el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (SRB) han determinado que los dos bancos venecianos estaban técnicamente en quiebra y que se permitía al Gobierno respectivo determinar qué reglas quería aplicar para resolverlos. En el caso del Popular, el Gobierno español siempre sostuvo que no había intervenido en este desenlace y que todas las consecuencias que siguieron a la constatación de la falta de liquidez del banco que ha terminado en manos del Santander fueron poco menos que automáticas.

Hace ya muchos meses que Pier Carlo Padoan, el ministro de Finanzas italiano, estaba negociando con la Comisión Europea una fórmula para que se le autorizase la inyección de dinero público a las entidades con problemas, sin violar las reglas de la competencia. Los análisis no ignoran que el propio presidente del BCE, Mario Draghi, es italiano y que por tanto estaba bien informado acerca de la estructura del sector financiero en su país de origen a la hora de tomar la decisión que más favoreciese a su Gobierno.

La respuesta más plausible sin embargo es la estructura del accionariado y la tenencia de la deuda senior de las entidades italianas, que está masivamente en manos del público ahorrador. Aunque en principio los accionistas y bonistas subordinados perderían su dinero, el Estado italiano podría compensarles una parte, algo que aún no se ha aclarado. A los que sí salva del todo con la inyección de ayudas es a los tenedores de bonos senior.

Para los dirigentes políticos italianos, una quiebra como la del Popular habría significado una reacción masiva de descontento social, teniendo en cuenta las características sociales de sus accionistas y bonistas. La situación del Gobierno de centro-izquierda es en estos momentos bastante delicada. El primer ministro, Paolo Gentinoni, es el cuarto que llega al cargo sin haber pasado por las urnas y su predecesor y líder del Partido Democrático (PD), Matteo Renzi, ha sufrido este fin de semana una nueva derrota electoral en las elecciones municipales.

A la clase política italiana le queda un año mas o menos antes de tener que ir nuevamente a las urnas y aún sería necesario que el país se pueda dotar de una nueva legislación electoral, porque la actual ha sido declarada como inconstitucional, para intentar evitar una victoria de los populistas del Movimiento 5 Estrellas.

Frente a este escenario, la decisión de permitir al Estado inyectar hasta 17.000 para permitir que el banco Intesa Sanpaolo se quede con los activos rentables de las entidades quebradas al precio de un euro, supone un primer escalón de claridad después de un periodo de incertidumbre. Italia es uno de los países más endeudados del mundo y su ratio deuda pública sobre PIB llega a 132%. Aún así, esta nueva factura para las arcas públicas elevará este porcentaje apenas un uno por ciento, lo que no parece inquietar por ahora a los inversores. El diferencial de la deuda italiana respecto a la alemana era ayer de 168 puntos básicos, muy lejos de los 203,5 que había sido el máximo de este mes.

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, insistía ayer en que lo que está haciendo Italia es abordar el rescate que España ya realizó en 2012 y que el proceso seguido es «absolutamente diferente» al que se siguió con el Popular. La principal diferencia, aunque De Guindos no la mencione, está en la decisión de intervenir o no que ha tomado cada Gobierno.

En España acaba de conocerse el informe del Banco de España que reconoce que la mayor parte de los 47.000 millones de deuda pública inyectados en las antiguas cajas para la reestructuración del sector no se podrá recuperar jamás y es natural que ahora De Guindos presuma del hecho de que en el caso del Popular «no se ha inyectado ni un céntimo de dinero público».