sábado, 16 de septiembre de 2017

Oportunidad para la supervivencia de la Duro....

El fondo Bybrook aportaría de 75 a 100 millones al capital, pero exige que la ingenería aclare las incertidumbres sobre los proyectos de Venezuela

SUSANA BAQUEDANO GIJÓN.
Los bancos creen en Duro Felguera, pero no en su presidente. La banca -acreedora de una deuda del grupo industrial de más de 244 millones- considera que Ángel del Valle es responsable de la «mala gestión» que ha llevado a la compañía a la situación en que se encuentra actualmente e insisten en su dimisión. Solo con su salida del consejo de administración, las entidades financieras están dispuestas a ayudar a la empresa y emitir los avales necesarios que le permitan volver a obtener contratos, según han transmitido a este periódico fuentes del propio entorno bancario.
Este asunto también se abordó el pasado jueves en el encuentro que celebró el consejo de administración y que era continuación de la reunión iniciada la semana pasada. Al parecer, los miembros de este órgano de dirección continúan buscando una «salida airosa» a Del Valle para 'salvar' a Duro. Porque tanto la banca acreedora como los futuros inversores ya han transmitido su demanda -incluso por escrito en el caso de las entidades financieras- de que su apoyo a la compañía pasa por un cambio en la gestión, lo que implica la salida del actual presidente. También los trabajadores de la empresa vienen demandando su dimisión. Con estas presiones, Del Valle habría expresado ya su intención de abandonar el grupo, pero una vez que se vislumbre una solución de futuro.

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Y esa solución pasa por la entrada de un socio inversor. Por ahora, tras la retirada de Acciona del proceso de negociación, el fondo británico Bybrook, que ya presentó una primera oferta indicativa, parece dispuesto a entrar en Duro. Este fondo podría poner sobre la mesa entre 75 y 100 millones de los 125 o 150 que se requieren. Pero hay una cuestión que frena a Bybrook y son los impagos procedentes de los contratos de Duro en Venezuela. Antes de seguir adelante en su puja por Duro, el fondo de inversión británico quiere que se le aclare este asunto, también por una cuestión de reputación, dada la situación política de Venezuela.

Al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de búsqueda de un socio estratégico, Duro Felguera negocia con la banca acreedora. La tregua, o 'standstill', pactada con la banca concluye el próximo 30 de septiembre. La finalidad del grupo es llegar a una solución para la devolución de su deuda con Banco Santander, Santander de Leasing, Caixabank, Banco de Sabadell y Banco Popular, Bankia y BBVA. Parte de la solución podría venir de la venta de activos de Duro, pero en este punto la cosa se complica.
Según ha podido conocer este periódico, el grupo industrial tiene parte de su patrimonio pignorado o avalando los contratos que se encuentran judicializados. Es el caso, por ejemplo, de una finca que la compañía tiene en Langreo y que recibió una oferta de un inversor interesado en su compra. Duro no puede venderla porque la presentó como aval de uno de sus proyectos más problemático y situado en Australia. Se trata del complejo de mineral de hierro de Roy Hill, donde el principal contratista de la obra, la coreana Samsung, registró unas pérdidas que algunas fuentes cifran en más de 900 millones. Con el objeto de minimizar el impacto en sus cuentas mantiene abiertos distintos frentes, tanto con la empresa que le encargó los trabajos, Hancock Prospecting, como con sus subcontratas, entre ellas, Duro Felguera. Así, Samsung ejecutó avales sobre la asturiana por 88 millones de euros y no reconoce gran parte de su actividad. Por este motivo, ambas compañías se están enfrentando en la corte de arbitraje de Singapur, donde Duro espera recuperar 140 millones de euros, y también en los tribunales australianos, donde reclama otros 46 millones. Ahora bien, solo una minuta con un despacho de abogados australiano le cuesta al grupo asturiano la friolera cantidad de 30.000 dólares. Duro tiene impagos pendientes de varios proyectos por valor de 492 millones de euros. Para tratar su resolución, Duro lleva gastados más de 15 millones de euros en abogados externos.

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