Jaime Botín, patrón de Bankinter y procesado por contrabando, y sus cinco hijos, Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia, han emprendido una cruzada en los tribunales para recuperar 25 de los 100 millones que pagaron en 2010 para regularizar su cuenta en el HSBC, descubierta por Hacienda gracias a la lista Falciani. Utlizan para ello una interpretación de la prescripción sobre el primer ejercicio que no ha funcionado en la Audiencia Nacional, pero que han llevado hasta el Tribunal Supremo. Sostienen que el mismo dinero que les sirvió para librarse del delito del primer ejercico fue cobrado indebidamente por la Agencia Tributaria. Es decir, reclaman que ni sea delito fiscal ni Hacienda pueda cobrar en vía administrativa lo referido al primer ejercicio. Su defensa no ha querido comentar la noticia.
El caso es casi tan enrevesado como la maraña fiscal que usó la saga de banqueros. El 27 de julio de 2010, los Botín regularizaron las cuentas en el HSBC de Ginebra en las que ocultaban una fortuna al fisco. Solo por el ejercicio 2005, Jaime pagó 12,1 millones y sus hijos, 2,15 millones cada uno salvo uno que abonó 4,3 millones y que fuentes próximas al caso identifican como Lucrecia, la menor. En total, esa rama de la familia pagó 25 millones (exactamente, 25.051.658,36 euros) solo por ese año, aunque presentaron declaraciones similares para los años 2006, 2007, 2008 y 2009. Lo anterior estaba prescrito. Extrapolando esa cifra, la rama de Jaime Botín pagó alrededor de 125 millones de euros, aunque debió de ser algo menos porque después desapareció el impuesto de patrimonio en Madrid y en años siguientes regularizaron con menos dinero. La cifra concuerda con lo anunciado en su día, 211 millones entre toda la familia, incluyendo la rama de Emilio Botín.
La Audiencia Nacional rechaza "de plano la torsión jurídica que se pretende", recuperar lo pagado voluntariamente para evitar el delito fiscal
"De forma extemporánea y sin requerimiento previo de la Administración Tributaria" presentaron esas declaraciones complementarias con las que regularizaban el dinero oculto a Hacienda, señala una sentencia posterior. Aunque no tenían un requerimiento formal, sí habían recibido la carta de Hacienda en la que les comunicaba que sabía que tenían cuentas en el HSBC de Ginebra no declaradas. Esa información había llegado a España vía Francia gracias a los datos robados por el informático Hervé Falciani.
El Ejecutivo de Zapatero no veía claro que la lista Falciani fuese a ser declarada válida en los tribunales (al final, el Supremo decidió este año que sí lo era) y prefirió que una carta les avisara para que regularizaran su situación. La mayoría de los 659 evasores de la primera lista pagaron y Hacienda recaudó unos 260 millones de euros. La mayor parte procedía de la familia Botín, que achacó la fortuna oculta al fisco a la herencia del abuelo, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López. Alegaron que sacó el dinero de España durante la Guerra Civil, cuando fue destituido de sus cargos en el Santander, que había sido intervenido por el Banco de España. Emilio Botín, ya fallecido, y sus hijos, Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, debieron de pagar alrededor de 100 millones. Suponiendo que abonaran el 10%, la fortuna oculta ascendería a unos 2.000 millones de euros.
Hacienda comenzó entonces a chequear que la regularización era correcta, que no escondían nada, que era "completa y veraz" (el mismo trámite que hizo en el caso de Cristiano Ronaldo cuando desveló su estructura de cobro de derechos de imagen). El caso de los Botín era muy complicado y estaba cerca de cumplirse el plazo de cinco años de prescripción del delito fiscal. Como la renta de 2005 se presenta en junio de 2006, el plazo se cumplía el 30 de junio de 2011. Hacienda veía que le comía el tiempo y el 13 de mayo de 2011 denunció el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo alegando que "no ha podido determinarse si las regularizaciones han sido completas y veraces". Cuando Anticorrupción denunció el caso en la Audiencia Nacional, no solo se enteró toda España de la fortuna oculta de los Botín, sino que Hacienda ganó tiempo para hacer las comprobaciones porque al denunciarlo se suspende el cómputo del tiempo.
![[Pinche aquí para ver los nombres de la lista Falciani]](https://www.ecestaticos.com/image/clipping/654/98a1326b18403e6e820110ab3bcf7c1e/album-pinche-para-ver-los-nombres-de-la-lista-falciani.jpg)
El 22 de mayo de 2012, casi un año después, la Audiencia Nacional archivó la causa contra los 12 miembros de la familia Botín. Hacienda consideró entonces que las regularizaciones habían sido correctas y veraces. No había delito y Hacienda aceptó el dinero que habían presentado. "La regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por los órganos de la AEAT, un procedimiento de inspección o de verificación, concurriendo, en este caso, la excusa absolutoria", señalaba el auto de juez Fernando Andreu.
Cuál fue la sorpresa en Hacienda cuando el 23 de noviembre de 2012, seis meses después, comenzaron a recibir reclamaciones exigiendo parte del dinero de vuelta. Jaime Botín y sus cinco hijos pretendían recuperar parte de lo pagado. Argumentaban que, como no había delito, pagaron en vía administrativa y ese pago se hizo efectivo pasados cuatro años, cuando ya estaba prescrito el ejercicio 2005. La ley general tributaria establece que el plazo en vía administrativa son cuatro años, uno menos que en vía penal. Es decir, que el pago que les había librado de ir al banquillo de los acusados por delito fiscal llegó tarde en vía administrativa. Pretendían librarse de la cuenta en Suiza descubierta por Falciani sin pagar un euro por el primer año. En su recurso, uno de ellos se preguntaba, por ejemplo, "si es posible defraudar a la Hacienda Pública cuando el devengo de la cuota tributaria se encuentra prescrito".
Jaime Botín en 2013: "Realicé en 2010 una declaración voluntaria [...] Entendí que en medio de la grave crisis económica era lo que debía hacer"
A pesar de tener en marcha esa reclamación, Jaime Botín se jactaba de haber regularizado voluntariamente y de haberlo hecho por la crisis económica que vivía España. "Yo realicé en 2010 una declaración, totalmente voluntaria, de todos esos bienes cuyo origen se remonta a una época muy distinta a la nuestra, porque entendí que en la actual y en medio de la grave crisis económica que sufre el país, eso era lo que debía hacer", escribió en octubre de 2013 en 'El País'.
El Confidencial ha analizado las seis sentencias que en 2016 dictó la Audiencia Nacional y contienen argumentos similares. Han tenido al mismo abogado, Rafael Mateu de Ros, de Ramón y Cajal Abogados, el mismo que defiende a Jaime Botín en el caso del contrabando del 'picasso'. La defensa respondió la semana pasada que no comentaba los casos de sus clientes. Primero los tribunales económico administrativos y después la Audiencia Nacional han rechazado sus pretensiones.
La prescripción administrativa no supone obstáculo alguno para la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito
En la sentencia sobre la mayor reclamación, por ejemplo, la sección cuarta considera "interesantes los razonamientos que se expresan en el escrito de la demanda". Pero en un fallo conciso despacha su pretensión. "En el razonar del recurrente hay una incongruencia argumental: si tan convencido estaba de que realizaba un ingreso indebido por el pago tardía de una deuda prescrita, ¿por qué esperó el obligado tributario a que el juzgado de instrucción lo valorara para la aplicación de la excusa absolutoria?".
En esa sentencia, la Audiencia Nacional considera que las cantidades que ingresó una de las hijas (hay razonamientos similares en los otros fallos) "lejos de ser indebidas tuvieron una clara causa jurídica, y unos plenos y definitivos efectos jurídicos para la reclamante, lo que obliga a rechazar de plano la torsión jurídica que se pretende", señala la sección segunda de lo contencioso en una sentencia de la que fue ponente Jesús María Calderón. La sentencia prosigue: "La prescripción administrativa no supone obstáculo alguno para la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito".
Según este fallo, "la Administración ni intenta cobrar nada, ni tiene que ejecutar acción alguna, ni tiene que preocuparse por la responsabilidad civil, porque de todo ello se ha preocupado el sujeto pasivo [Lucrecia Botín] al regularizar su situación tributaria y solicitar la excusa absolutoria asumiendo el cumplimiento de su responsabilidad civil para evitar, claro está, el correspondiente proceso penal". Esta sentencia es muy dura con los argumentos de los Botín: "No puede pretenderse que se mantengan los efectos favorables derivados de la presentación de tales declaraciones —las complementarias— a efectos penales, con el ingreso de cantidades defraudadas, y al mismo tiempo 'derribar ese único pilar' —dicho ingreso— para recuperar las cantidades pagadas".
Aunque han perdido en la Audiencia Nacional, han recurrido al Tribunal Supremo, que a lo largo de 2017 ha ido emitiendo autos de admisión del recurso. En algunos casos, excluye de la reclamación el impuesto de patrimonio de 2005 porque no llega a la cuantía mínima exigible, pero la reclamación sigue viva.
La documentación de la lista Falciani a la que tuvo acceso El Confidencial en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela que los Botín usaron esas cuentas para ocultar acciones de Bankinter, lo que acabó con una sanción a Jaime Botín de la CNMV. Además, usaron la sociedad panameña North Star Overseas Enterprises Inc para manejar esos fondos. Esa firma fue disuelta el 19 de mayo de 2011, seis días después de que Anticorrupción denunciara el caso en la Audiencia Nacional.
En 2010, España decidió no investigar al HSBC, alegando falta de jurisdicción. En 2013, cuando Falciani entregó nuevos datos a España tras evitar su extradición, la Audiencia Nacional sí abrió una causa contra los bancos por blanqueo. Así, el juez De la Mata ha imputado al consejo del HSBC por "organización criminal" y ha dado más detalles sobre el entramado que usaron los Botín. El juez ha desvelado que los hermanos hicieron uso de la cortina de opacidad que les puso en bandeja la entidad helvética para ocultar los valores bajo una doble capa y evitar que supieran de su existencia tanto los propios accionistas de Bankinter como el erario público. Hay 10 directivos del Santander imputados.
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