Cristóbal Montoro sigue barriendo una a una las cuentas de las grandes compañías españolas con el fin de mejorar la salud de las arcas del Estado. Si antes le tocó el turno a grupos como Mercadona o Iberdrola, la Agencia Tributaria ha puesto ahora la lupa sobre ACS, la constructora de Florentino Pérez, que el pasado año le endosó al Estado la deuda de l.350 millones del gaseoducto del Castor y ahora le quiere endosar la quiebra del AVE a París.
Según consta en la documentación que ACS ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía reconoce que en 2014 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria inició una inspección que afecta al impuesto sobre Sociedades de 2009 a 2012, al Impuesto sobre el Valor Añadido de 2011 a 2012, y a retenciones de impuestos sobre la renta de 2010 a 2012. La constructora matiza que hasta el momento no tiene los resultados de estas comprobaciones.
ACS añade en su informe anual que la comprobación de la Agencia Tributaria no solo afecta a la matriz, sino también a “un número reducido de filiales”.Toda una novedad que, según fuentes próximas al ente recaudatorio, se explica por el entramado de sociedades que la constructora montó para comprar su participación en Iberdrola.
Para aquel asalto a la eléctrica, de la que llegó a tener un 20%, ACS creó numerosas filiales con el único objetivo de ser sociedades instrumentales tenedoras de las acciones y responsables de la deuda asociada. Entre ellas estaban Mayor Assets, Corporate Funding, Roperfeli y Villa Aura, que llegaron a acumular una deuda de casi 2.200 millones de euros. Todas estas subsidiarias fueron absorbidas y posteriormente liquidadas en 2013 porResidencial Montecarmelo, la única que sigue en pie y que el pasado año aún obligó a ACS a provisionar 120,4 millones por pérdidas.
El equipo jurídico de Florentino Pérez apunta que “los administradores de la sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones fiscales, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas”.
En los tres últimos años, ACS no había tenido ninguna visita especial de los inspectores de Hacienda, según consta en los informes anuales de 2011 a 2013. Sólo en la memoria anual de 2010 se documenta la inspección en relación con el Impuesto sobre Sociedades consolidado del Grupo Fiscal 30/99, para los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2005, así como sobre el resto de impuestos nacionales de las principales sociedades pertenecientes al Grupo ACS.
Con carácter general, la multinacional tiene aún pendiente, al no haber prescrito, los ejercicios de 2006 a 2013 del Impuesto sobre Sociedades, los años 2011 a 2014 del Impuesto sobre el Valor Añadido y los años 2010 a 2014 del resto de tributos.
Redada general
Las inspecciones de la Agencia Tributaria se han convertido en una terapia habitual para las grandes compañías, sean cotizadas o no. Hasta el punto de que, con el fin de ponerse la venda antes de la herida, en las presentaciones de resultados empiezan a detallar con cuánto dinero contribuyen a la Hacienda pública. La primera que empezó con esta política fue Inditex, cuando el Gobierno le afeó su decisión de domiciliar en Irlanda -tan solo se paga el 12% del impuesto de sociedades, frente al 22% en España- la sociedad con la que operaba sus tiendas online. La gallega rectificó y trasladó la sede social a La Coruña.
Después le siguió Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, vocifera cuánto paga la eléctrica a Hacienda para quejarse por el aumento de los impuestos y el deterioro de sus márgenes. Una postura que no le ha librado de estar en el punto de mira de Montoro.
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