Fomento abre una investigación interna para saber si hubo sobornos en la variante
La Guardia Civil cree que una constructora infló en 4,5 millones una factura. El ministerio anuncia medidas disciplinarias y penales si se confirma
Reacción en el Ministerio de Fomento. El pasado mes de febrero trascendió que la Guardia Civil había presentado un informe ante el juzgado de Barcelona que desde 2014 investiga el pago de supuestos sobornos en las obras del AVE en Cataluña. El atestado extendía una sombra de sospecha en los trabajos ferroviarios ejecutados en otros territorios. En lo tocante a la variante de Pajares por ejemplo indicaba que la empresa pública Adif habría liquidado a Corsán-Corviam una certificación de obra que supera en unos 4,5 millones el importe de lo realmente ejecutado, lo que supone un «sobreprecio».
El departamento regido por Íñigo de la Serna «ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes». Así lo confirma el Gobierno a una pregunta por escrito de Alexandra Fernández, diputada de En Marea. Las pesquisas del ministerio están en marcha y «aún no se dispone de conclusiones».
Con todo, la administración señala que «se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita». De probarse la existencia de sobornos en las obras ferroviarias «se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales», recalca el Gobierno central.
De entre las constructoras que trabajaron en la variante de Pajares, el informe de la Benemérita señala a Corsán-Corviam, Sacyr, y Acciona. La actividad que más señala es la de la primera, que en 2006 se adjudicó junto a Comsa las obras de plataforma del tramo Campomanes-Pola de Lena, los primeros 4,9 kilómetros de la vertiente asturiana. El precio de licitación era de 82 millones, pero las constructoras se impusieron en la puja asegurando que podían entregar el lote por un 25,6% menos.
El plazo de finalización era de dos años y ocho meses pero pronto todo se torció. Al final los constructoras precisaron de 59 meses, es decir, casi seis años. El contrato principal se liquidó en 81,4 millones, aunque las inestabilidades del terreno obligaron a ampliar el encargo con dos obras de emergencia, por 5,93 millones más. En total, las «mediciones falsas incrementadas» que sugiere la Guardia Civil en base a los documentos intervenidos en la empresa supondrían, caso de confirmarse, un 5,1% de la inversión que comportó todo el tramo.
Según las partes del informe que han trascendido, para atraerse a los altos técnicos de Adif, Corsán-Corviam se habrían prodigado en regalos y atenciones durante los años 2006 y 2010. Entre otros, los agentes apuntan a viajes a Andorra, Suiza, Estados Unidos, Turquía y Austria. Se describe cómo la constructora supuestamente financió el desplazamiento de un directivo de Adif y su acompañante a Niza para presenciar un partido de la Champions, un Jeep Cherokee, así como el abono de multas de tráfico, gasolina o la reforma del apartamento de la hija de otro alto cargo.
Finalmente y tras revisar la normativa existente, el equipo de Pastor interpretó que existía reglamentación suficiente, y se olvidó de su promesa de marcar nuevas pautas en esa relación.
El departamento regido por Íñigo de la Serna «ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes». Así lo confirma el Gobierno a una pregunta por escrito de Alexandra Fernández, diputada de En Marea. Las pesquisas del ministerio están en marcha y «aún no se dispone de conclusiones».
Con todo, la administración señala que «se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita». De probarse la existencia de sobornos en las obras ferroviarias «se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales», recalca el Gobierno central.
El plazo de finalización era de dos años y ocho meses pero pronto todo se torció. Al final los constructoras precisaron de 59 meses, es decir, casi seis años. El contrato principal se liquidó en 81,4 millones, aunque las inestabilidades del terreno obligaron a ampliar el encargo con dos obras de emergencia, por 5,93 millones más. En total, las «mediciones falsas incrementadas» que sugiere la Guardia Civil en base a los documentos intervenidos en la empresa supondrían, caso de confirmarse, un 5,1% de la inversión que comportó todo el tramo.
Según las partes del informe que han trascendido, para atraerse a los altos técnicos de Adif, Corsán-Corviam se habrían prodigado en regalos y atenciones durante los años 2006 y 2010. Entre otros, los agentes apuntan a viajes a Andorra, Suiza, Estados Unidos, Turquía y Austria. Se describe cómo la constructora supuestamente financió el desplazamiento de un directivo de Adif y su acompañante a Niza para presenciar un partido de la Champions, un Jeep Cherokee, así como el abono de multas de tráfico, gasolina o la reforma del apartamento de la hija de otro alto cargo.
Un código ético nonato
Las relaciones entre las constructoras de las grandes obras y los responsables de Adif en las mismas son, por necesidad, estrechas. Juntos tienen que tutelar el avance de los trabajos, acordar los siguientes tajos, y discutir cuando una de las partes propone cambios que la otra no considera de acuerdo al contrato original. Precisamente para verificar que esa relación sea transparente, al poco de llegar al ministerio, Ana Pastor anunció su intención de elaborar un código ético. Según expresó, convenía clarificar a los funcionarios aspectos tales como la no pertinencia de celebrar comidas de trabajo, asegurarse de que las reuniones se hacían en despachos oficiales y en presencia de otros empleados públicos.Finalmente y tras revisar la normativa existente, el equipo de Pastor interpretó que existía reglamentación suficiente, y se olvidó de su promesa de marcar nuevas pautas en esa relación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario