Aqualia escamoteó 1,5 millones de euros al Consistorio de Oviedo en 2017, según los técnicos
Sostienen que la concesionaria del servicio de Aguas hinchó gastos e incumplió la renovación de contadores o el mantenimiento
Los números no cuadran. La empresa concesionaria de Aguas, Aqualia (Grupo FCC) y el Ayuntamiento están en un tris de romper una relación que ya dura 24 años y que, si todo fuese bien, debería durar otro medio siglo, tal fue la previsión cuando Gabino de Lorenzo privatizó el servicio en 1996. Pero las cosas no van bien. Los técnicos municipales estiman que la empresa escamotea alrededor de 1,5 millones de euros de ingresos al año a las arcas municipales. Lo hace hinchando gastos de forma artificiosa, incumpliendo varios de los puntos del contrato o ocultando ahorros que obtiene en la gestión. Solo según el informe de la liquidación de 2017, pendiente aún de aprobar por las discrepancias, Aqualia debería de ingresar en las cuentas municipales, al menos, 1,42 millones de euros.
El Ayuntamiento intenta reconducir la situación a través de una comisión especial, pero el cambio del responsable del contrato, tras la jubilación del que fuese jefe del servicio durante casi tres décadas, Gregorio Abril Sanjuan, ha desvelado nuevas irregularidades que van mucho más allá del mantenimiento de hidrantes. El nuevo supervisor del servicio aprobó, siguiendo casi los mismos criterios que su predecesor, la liquidación propuesta por la empresa para el año 2016. Ese año, sin embargo, un pavoroso incendio destruyó dos edificios en Uría y Melquíades Álvarez y costó la vida al bombero Eloy Palacio. Las responsabilidades de la cuestionable actuación de Bomberos aquel día parecían evidentes y se anunciaban costosas. Ambas partes, Ayuntamiento y empresa, se empezaron a mirar de reojo. Aqualia encargó un informe sobre la «caótica» intervención de los bomberos; el Ayuntamiento pidió informes sobre a quién competía la revisión y mantenimiento de las bocas de riego e incendios.
Los juzgados acabaron por hacer inútiles los dos informes. Otras periciales concluyeron que el edificio estaba en ruina y que el fuego, por su naturaleza, era prácticamente inextinguible cuando se manifestó. Los peritos de Aqualia andan ahora por las salas desdiciéndose y el Ayuntamiento obvia ante los jueces el informe (octubre de 2017), pedido por el entonces alcalde, Wenceslao López, y firmado por Secretaría General y los jefes de los servicios de Infraestructuras, Contratación y Bomberos, que concluyó que la concesionaria era responsable de la «verificación», que incluía tanto la inspección como la obligación de «diagnosticar y reparar» las posibles averías de los hidrantes.
Pero el trabajo no fue en balde: permitió al nuevo responsable del servicio localizar y analizar el contrato original y la oferta presentada por la empresa para hacerse con el mismo en 1996. «En el momento de la elaboración del informe previo de octubre de 2017 (sobre los hidrantes), los funcionarios firmantes no tuvimos alcance a la oferta presentada en 1996 por la concesionaria», recoge el informe del ingeniero.
Con los papeles en la mano, el nuevo responsable del contrato rechazó la propuesta de liquidación del ejercicio 2017 formulada por Aqualia. Lo hizo tras detectar que la empresa incumplía al menos 12 puntos de su oferta, con un coste para las arcas municipales de casi 1,5 millones. Cosas que no parecen menores. Aqualia, por ejemplo, cobra a los usuarios un canon por la renovación de los contadores al final de su vida útil, pero, según los técnicos, un 39 % de los mismos tienen una antigüedad superior a los 12 años, la máxima que permite la normativa y el porcentaje sube al 60% de los de la ciudad si se entiende, que la oferta de la empresa recogía su cambio cada ocho. Solo por esto, la empresa se estaría ahorrando cada año más de 100.000 euros.
La empresa protesta. Aduce que la tasa de mantenimiento de contadores es insuficiente, pero los técnicos replican que ello «nada tiene que ver con el equilibrio económico concesional» y que es «muy superior a los precios reales de mercado». Un signo llamativo, en los dos últimos ejercicios, mientras discute con el Ayuntamiento, Aqualia ha renovado miles de contadores.
Oferta
Por importe y fácil de comprender resulta la discrepancia que mantienen ambas partes sobre los consumos de agua municipales. La empresa carga en cada liquidación los de las instalaciones que han entrado en servicio con posterioridad a la firma del contrato, pero al analizar la oferta los técnicos descubrieron que eso no era lo convenido. La empresa se comprometió a que esos consumos serían gratuitos en 1996 y aún el reglamento del servicio, de 2010, señala que los usos municipales «gozarán de una exención total en el pago del suministro de agua potable». En 2017, la empresa intentó cargar a las arcas municipales más de 333.000 euros en este concepto, que la revisión deja en solo 42.000. Las discrepancias siguen así hasta sumar los casi 1,5 millones y se mantienen para los años siguientes, 2018 y 2019, con el añadido de otras nuevas que amenazan con romper el contrato mucho antes de 2046.
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