El equipo de gobierno defiende «el diálogo» con Aqualia ante las discrepancias sobre el contrato
La empresa argumenta que existía un consenso sobre las liquidaciones y que el actual responsable validó la de 2016 aceptando sus criterios
Las discrepancias entre la concesionaria del servicio de Aguas, Aqualia, y los técnicos responsables del contrato son profundas. Afectan a las dos últimas liquidaciones (solo de 2017, los funcionarios concluyen que la empresa adeuda al Ayuntamiento casi 1,5 millones de euros, como adelantó ayer este diario) y penden sobre la del año pasado. El equipo de gobierno admitió ayer la existencia de «un problema heredado» y apostó por la vía del diálogo «para llegar a acuerdos» con la empresa, explicaron fuentes del equipo de gobierno. «Es normal que en contratos tan largos como este se produzcan a lo largo del tiempo desajustes o conflictos por las interpretaciones, pero nosotros tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo con la concesionaria», señalaron.
El contrato es largo. Está a punto de cumplir medio siglo y aún le restarían otros 26 años, más la opción a ser prorrogado otros tantos. Las diferencias afectan hasta a once conceptos distintos de la liquidación, pero las mayores se ciñen al cobro por parte de Aqualia de los consumos municipales, la inversión en mantenimiento, el incumplimiento en la verificación de contadores de los contadores, los ahorros por el apagado de fuentes ornamentales o los gastos de las depuradoras rurales. La empresa responde con un extensísimo escrito de alegaciones, en el que sostiene que quien ha variado la interpretación del contrato es el Ayuntamiento.
Aqualia puede exhibir y adjunta decenas de documentos en los que el Consistorio asume por ejemplo la reparación de hidrantes. «En ningún caso, a lo largo de los más de 20 años desde el inicio de la concesión, ningún funcionario, incluido el actual responsable del contrato (...) ha cuestionado los temas ahora en discusión», señala Aqualia. Eso ha sido así, añade, «hasta mediados de 2017», pero «a principios de 2018, después del incendio de Uría», el nuevo responsable del contrato «cambió su posición» y le acusa de buscar «enturbiar las relaciones con el concesionario» por «motivos que se desconocen».
Los técnicos sostienen que solo por entonces pudieron estudiar la oferta de la empresa, en papel y de 1996, y fundamentan la mayor parte de sus reclamaciones en lo que la concesionaria prometía en ella. Aqualia replica que el propio jefe del servicio firmó la liquidación de 2016, cuando llevaba tan solo tres meses al frente del contrato, señalando que lo hacía a la vista de la documentación contractual. También, que «existe un consenso en relación con los elementos a tomar en consideración en las liquidaciones anuales» al menos desde 1999.
Somos e IU
Con todo, los funcionarios públicos responsables del contrato consideran, según sus informes, que la empresa hincha gastos u oculta ahorros en perjuicio del Ayuntamiento. La portavoz de Somos, Ana Taboada, señaló ayer que «se confirma lo que veníamos denunciando desde el incendio de Uría», tras el cual mantuvo fuertes discrepancias con su socio entonces de gobierno, el PSOE, y pidió «al equipo de gobierno que revise a fondo el contrato, que actúe con mano dura y firme y que se recupere la gestión pública del agua». También IU reivindicó la rescisión del contrato «si se prueba la mala fe de la concesionaria», expuso Cristina Pontón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario