miércoles, 20 de enero de 2016

Ante el desmantelamiento.....caña!

La conflictividad laboral caldea el invierno en Asturias

Los trabajadores de Gijón Fabril están encerrados y los de Tenneco les visitarán el sábado // Los empleados de siete empresas protagonizan algún tipo de protesta para defender sus puestos

Luis Fernández

LUIS FERNÁNDEZ

@LUISCAMPIELLO
MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016
No son las grandes movilizaciones del sector de la minería ni las del metal de hace años pero la conflictividad laboral sigue presente en un buen puñado de empresas en Asturias. A diferencia de las grandes protestas que afectaban a todo un sector y, por lo tanto, a miles de trabajadores, se trata de reivindicaciones, en la mayoría de los casos, que no llegan a los 100 afectados, de ahí que su repercusión mediática no sea la de antaño. Sin embargo, las exigencias son las mismas: la defensa del empleo y de unas condiciones dignas.
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En este contexto, el año 2016 comienza caldeado. Gijón Fabril es el último caso de una lista que está formada, entre otras, por Fahime, Bomberos de Asturias, El Árbol, los empleados de seguridad del Hospital San Agustín de Avilés o Tragsatec. En Tenneco, el último gran ejemplo de resistencia obrera en la región, la futura venta de la compañía también mantiene en alerta a los trabajadores.
La solidaridad entre los protagonistas de todos estos colectivos en lucha queda demostrada en el acto que se celebrará el próximo sábado. Trabajadores de Tenneco visitarán a los encerrados de Gijón Fabril para mostrarles su apoyo y colaborarán con una aportación económica a su caja de resistencia.
Gijón Fabril, trabajadores encerrados
La empresa gijonesa, fundada en 1915 y que produce moldes que luego utilizan las fábricas vidrieras, es el último caso registrado en la región. La semana pasada, la dirección de la compañía decidió presentar el concurso de acreedores voluntario, una medida que supondría el despido de 48 trabajadores. El dueño de la sociedad, Juan Cervera Gimeno, alegó la no renovación del contrato con Verallia para justificar la inviabilidad de la sociedad, ya que esa relación comercial suponía el 80% de la carga de trabajo de Gijón Fabril.
Los trabajadores consideran que el empresario actuó de mala fe y que por eso no se renovó el contrato. Además, la dirección de la empresa también intentó eliminar el turno de tarde para ahorrar costes al no tener que pagar la turnicidad, una decisión que los empleados no han acatado al asegurar que el empresario no quiere negociar con ellos y que eso solo serviría para paralizar la producción, ya que no hay máquinas para que trabajen todos a la vez.
Ante esta situación, y por temor a que la empresa aproveche la falta de personal para desmantelar el taller, los trabajadores han decidido encerrarse. Desde el día 15 de enero realizan dos turnos de trabajo (mañana y tarde), y por las noches un grupo de voluntarios, nunca inferior a seis, duermen en las instalaciones. La unión entre los empleados es total y todos participan en el encierro. Además, el fin de semana para la actividad en la fábrica pero ellos siguen con la protesta. Realizan tres turnos para que siempre esté alguien allí. 
En los últimos días se han reunido con representantes del PSOE, IU y Xixón sí Puede y están pendientes de hacerlo con responsables de Foro (la alcaldesa visita hoy la fábrica), de Ciudadanos y del PP. También se han reunido con el director general de Industria del Principado, Luis Ángel Colunga, quien se comprometió con los sindicatos a intentar buscar un comprador para la sociedad.
Una vez finalizados los contactos con los políticos, esperan que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción de apoyo y, a partir de ahí, intensificarán las protestas. La idea pasa por una manifestación, aunque todavía no hay nada decidido.
Fahime, abocado al cierre
El pasado mes de octubre, el grupo empresarial Fahime, situado en el Polígono de Tabaza (Carreño), presentó un ERE de extinción para toda su plantilla, una medida que afectó a la totalidad de los 92 trabajadores y que, en la práctica, significará el cierre de todas las empresas del grupo: Mecafran, Caldefran, Serton Servicios e Industrial Marande. Los trabajadores buscaron apoyos institucionales pero la empresa se negó desde el principio a negociar. La situación se enquistó y los trabajadores decidieron encerrarse en las instalaciones. Así pasaron la Navidad.
En un principio, el 14 de enero estaba previsto que se celebrase el juicio entre la empresa y los empleados, pero a última hora la compañía inició contactos para evitar llegar a ese extremo. La dirección no llegó a plantear que la fábrica siga abierta, pero sí la posibilidad de obtener dinero de distintas fuentes (entre ellas la venta de maquinaria) para indemnizar a los trabajadores. Esto ha supuesto la ruptura de la unión sindical, ya que mientras que UGT (3 delegados) y CCOO (1 delegado) mantienen el encierro y negocian con la empresa, la CSI (1 delegado) se ha desvinculado de las conversaciones alegando que ellos no aceptan ningún despido. Salvo cambio inesperado, la empresa está abocada al cierre.
El Árbol, pendiente del cierre de 40 tiendas
Hoy es un día decisivo para los trabajadores que El Árbol tiene en Asturias. La empresa anunció la semana pasada la decisión de cerrar 40 tiendas en toda España aunque no concretó qué establecimientos se verían afectados en Asturias. La cadena de supermecados fue adquirida por el Grupo Día en 2014 y, en el proceso de fusión cerró cinco tiendas en la región. En diciembre de 2015 anunció que abriría 23 supermecados en toda España, uno de ellos en el Principado. 
Los trabajadores llevan denunciando desde hace meses el mutismo de la dirección de la empresa, ya que, según aseguran, en ningún momento les comunicó sus planes de futuro. Los sindicatos sospechaban que la compañía tenía tomada alguna decisión desfavorable para los intereses de los trabajadores, por lo que comenzaron a manifestarse pidiendo explicaciones. El tiempo les dio la razón, ya que hoy conocerán los planes que la cadena tiene para ellos.
Los bomberos retoman las protestas
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) retomaron la semana pasada sus movilizaciones ante la Junta General después del parón provocado por la oleada de incendios que asoló la región a lo largo del mes de diciembre. En varias ocasiones denunciaron que la plantilla del SEPA es muy escasa y está mal organizada, con parques de bomberos que, según aseguran, están bajo mínimos y que hay casos en los que únicamente se cuenta con tres trabajadores.
Cada jueves, con la excepción del paréntesis durante los incendios que quemaron más de 12.000 hectáreas en la región, se concentran ante la sede del parlamento asturiano. Piden que el consejero de Presidencia se siente a negociar, aunque por el momento no han conseguido avances. Sus protestas son llamativas y originales. Por ejemplo, en una de ellas uno de los trabajadores simuló que se quemaba a lo bonzo y en otra fingió que era crucificado. Por el momento no hay avances y el conflicto sigue enquistado.
Tragsa, 34 despedidos
Tragsa ya ha despedido en Asturias a los 34 trabajadores previstos en el ERE de la empresa. En toda España, la cifra de afectados asciende hasta los 1.336 y, según asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mitad ya ha sido destituida.
De esos 34 empleados del Principado, 26 pertenecían a Tragsatec, filial de la empresa pública estatal, y los otro ocho eran trabajadores de Tragsa. Lo más curioso de este proceso es que lo empleados de la empresa pública comenzaron a enterarse de sus despidos, aunque el ERE era conocido no había fecha para su despido, al comprobar sus cuentas bancarias. La empresa ingresó las indemnizaciones antes de enviar la comunicación.
Por si la situación fuera poco rocambolesca, el Principado exigió a Tragsatec, en las condiciones técnicas exigidas para realizar la campaña de saneamiento, que esta fuera realizada por los mismos veterinarios que en campañas anteriores.
A esto se suma que esos 18 despedidos son empleados que dependen del Principado después de que fuesen incorporados a Tragsatec como personal subrogado tras el acuerdo alcanzado por la Consejería de Medio Rural en el año 2005. Todo ello abre un margen de esperanza para los 18 veterinarios, que ya han contactado con todos los partidos políticos en busca de apoyos. El último capítulo se escribió ayer, cuando el Principado exigió al PP que mediara para que la empresa pública readmitiera a los trabajadores. 
Trabajadores de seguridad del San Agustín, a la huelga
Los trabajadores de la seguridad privada en el Hospital San Agustín de Avilés iniciarán el próximo 1 de febrero una huelga indefinida. Exigen que se aclare la situación en la que se encuentran, ya que aseguran que no saben para qué empresa trabajan y que llevan sin cobrar desde noviembre.
El conflicto se hizo público en diciembre, cuando se convocó una concentración ante los impagos de salarios por la concesionaria Seguridad Empresarial Navarra (SEN). Esta empresa terminó renunciando al servicio y el Principado, que se encontraba al corriente en el pago a la compañía, ofreció el contrato a una segunda compañía que no llegó a asumirlo. La situación es de incertidumbre y los trabajadores esperan que el Gobierno regional desbloquee la situación. Tienen diez días de margen antes de que se inicie la huelga.
Tenneco
Es el último caso de éxito de resistencia obrera de la región y ejemplo para el resto de trabajadores en conflicto. Después de meses de protestas, en los que llegó incluso a mediar el vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, los trabajadores ganaron la batalla y lograron mantener los 116 y sus condiciones laborales. Eso sí, se abría un periodo para la venta de la empresa que ahora está cerca de cristalizar. Está previsto que a mediados de febrero la gestora se decante por alguna de las dos ofertas. 
Aunque no ha trascendido mucha información sobre los posibles compradores, se sospecha que uno es el fondo de capital riesgo español UP Capital, que tiene experiencia en el sector. La otra posibilidad es una empresa francesa que se está abriendo paso en el sector de los automóviles y que ha comprado una planta de amortiguadores hace poco tiempo. No se conocen más detalles. El comité de empresa sigue a la espera de recibir más información pero, mientras tanto, tienen claras sus reivindicaciones. Exigen que se respeten los 116 puestos de trabajo que tiene actualmente la fábrica y que se mantengan las condiciones laborales actuales. Si no se cumplen sus reivindicaciones, volverán a plantar batalla.

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