Hacienda deja de recaudar en Asturias 6.000 millones de euros por la economía sumergida
La actividad irregular supone un 24,3% del PIB del Principado, una cifra que supera en más de 1.500 millones los presupuestos de este año
La economía sumergida supone un lastre para el conjunto de la actividad económica española. Los datos lo ponen de manifiesto: representa una merma de casi el 23% en la recaudación de impuestos, lo que equivale a cerca del 6% del PIB, según un estudio publicado recientemente por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Es decir, que el trabajo en negro resta casi 70.000 millones de euros a las arcas públicas. El informe revela que el fraude es mayor en Andalucía y Canarias y menor en Madrid y las comunidades forales (País Vasco y Navarra). Asturias se encuentra en una posición intermedia, en el octavo lugar, con un porcentaje del 24,3% respecto al Producto Interior Bruto. Teniendo en cuenta que el PIB del Principado alcanza los 22.708 millones de euros, la economía sumergida sumaría casi 6.000 millones de euros -5.900- en nuestra comunidad. Una cuantía superior en más de 1.500 millones a los 4.324 millones de euros de los presupuestos de este año.
La economía sumergida engloba las actividades económicas productivas ilegales (tráfico de drogas, tráfico de personas, blanqueo de capitales, etcétera) pero también la 'economía irregular'. Esto es, operaciones que permanecen ocultas a la Administración, que tratan de evitar su fiscalización, eluden el pago de las cuotas a la Seguridad Social e incumplen las normas laborales o administrativas. El estudio 'Economía sumergida y fraude fiscal en España', elaborado y publicado por Funcas, recopila datos de una decena de estudios sobre la economía sumergida en España en comparación con otros países y estima un rango de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB. El informe concluye que la economía sumergida en España aumentó esta tendencia en los años ochenta y la primera mitad de los años noventa, en paralelo a la normalización en la presión fiscal de España en el concierto internacional.
A partir de entonces, subraya que la práctica totalidad de los estudios sitúan la economía sumergida española por encima de la media de los países de la OCDE y la UE-15. Asimismo, señala que el nivel de presión fiscal de largo plazo de España está relativamente alejado del de los socios comunitarios, y mucho más del de los países del norte de Europa, como Dinamarca, constatando un «cierto desajuste» entre el nivel de presión fiscal con las demandas de gasto público de los ciudadanos. En este sentido, apunta que el nivel de gasto público no financiero incluyendo la Seguridad Social es del 41%, según datos de la OCDE, frente a una recaudación real sobre el PIB del 33% y una recaudación potencial del 41%. Por consiguiente, combinando ambos porcentajes, concluye que la recaudación real sobre la potencial es del 80%, lo que supone una brecha fiscal del 20%.
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Merma en servicios públicos
«En la práctica totalidad de los estudios nos sitúan hoy por encima de la media de los países de la OCDE y de la eurozona», señala la publicación respecto a la economía en 'b'. El documento fija en el 23% la pérdida de recaudación por la evasión fiscal. Es decir, casi 70.000 millones se escapan de las arcas públicas por esta lacra y alejan a España de la media europea en ingresos públicos. Y por tanto, reducen la posibilidad de tener unos servicios públicos de más calidad. El informe analiza una decena de estudios sobre la economía informal comparada con otros países que sitúan esta actividad opaca en España entre el 18,5% y el 24,5% del PIB.
«La economía sumergida aumenta esta tendencia en los años ochenta y la primera mitad de los noventa, en paralelo a la normalización en presión fiscal en España en el contexto internacional», subraya la publicación.
El documento analiza las regiones con un mayor porcentaje de economía sumergida en el año 2012, último ejercicio con datos disponibles. Aunque advierte de que los resultados deben analizarse con «cautela» concluyen: «La economía sumergida es mayor en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia». Los autores admiten que sus estimaciones pueden estar contaminadas por la estructura productiva, la tasa de paro o la presión fiscal de cada territorio.
A pesar de ello sitúan a Madrid como la comunidad donde hay menos economía informal. También las comunidades forales muestran niveles de economía sumergida inferiores al resto. De hecho, el País Vasco presenta una actividad informal casi un 30% inferior a la media y Navarra un 25% menor solo por detrás de Madrid. El documento recuerda que las autonomías con mayor presión fiscal son más propensas a tener más economía en negro.
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