martes, 28 de diciembre de 2010

El apagón de la Sinde....

La ‘ley Sinde’ naufraga y evidencia la debilidad del Gobierno

Los diputados de los diferentes grupos políticos, especialmente los del PSOE, han tenido colapsados estos días sus correos electrónicos por la avalancha de insultos de todos los calibres que les han dirigido los internautas. La red está vinculada a la gratuidad, sobre todo para las nuevas generaciones, y si en los años setenta los jóvenes luchaban por traer la democracia y las libertades a España, ahora lo hacen por efectuar todo tipo de descargas en sus pantallas sin más coste que el que se deriva de las bolsas de palomitas. La ‘ley Sinde’ ha naufragado en el Congreso por la falta de previsión del Gobierno, acostumbrado a confiar en el Grupo Socialista para que le saque las castañas del fuego como si José Luis Rodríguez Zapatero disfrutase de mayoría absoluta.

El debate llegó ya caldeado al Congreso la semana pasada tras conocerse, gracias a las filtraciones de Wikileaks, que el Gobierno había pedido a Estados Unidos que presionara al PP, CiU y el PNV para allanar el trámite parlamentario y doblegar a todos cuantos se han alineado con los activistas contrarios a la ‘ley antidescargas’. Ni siquiera Josu Erkoreka (PNV), principal muleta del Gobierno en la ley de Economía Sostenible, salió en ayuda de la ministra Sinde y del Ejecutivo para amparar la cruzada contra los internautas, consciente del enorme coste electoral que le podría haber deparado el apoyo a una iniciativa que está siendo seguida con lupa por cientos de miles de jóvenes. Menos lobbista que CiU, el nacionalismo vasco dejó las cosas claras desde el primer momento. En cambio, los nacionalistas catalanes apuraron todos los plazos en busca de otras contrapartidas que Elena Salgado y los asesores de La Moncloa, finalmente, se negaron a favorecer. En los mentideros parlamentarios se habló de algunos beneficios para determinados productos de La Caixa y para Aguas de Barcelona.

De esta forma, el proyecto estrella de Zapatero en esta legislatura, la ley de Economía Sostenible, va a nacer doblemente coja cuando termine su recorrido por el Senado. Por un lado, ha sufrido un prolongado vaciamiento en los últimos meses como consecuencia de las urgencias del Gobierno por responder a los requerimientos de los mercados. Por otra, el proyecto no ha tenido la relevancia mediática que el Ejecutivo esperaba porque ha quedado eclipsado por el triunfo de los internautas. Entre bambalinas, han quedado algunas de las cesiones hechas al PNV, relacionadas con su próximo acceso a buena parte de los organismos reguladores y con la prórroga que se ha dado a la concesión de los terrenos vizcaínos de dominio público en los que se ubica Petronor, la filial vasca de Repsol que preside Josu Jon Imaz. Los nacionalistas tienen la impresión de que se les acaban las oportunidades para exprimir el jugo a su colaboración parlamentaria, entre otras razones porque la legislatura ha entrado en una etapa terminal y el interés del Gobierno en negociar los Presupuestos de 2012, después de las elecciones autonómicas y locales de mayo, puede verse bastante disminuido al calor de las legislativas. Al fin y al cabo, la prórroga presupuestaria ya no tendría tanto impacto, algo que tiene toda la lógica si se tiene en cuenta el nuevo ciclo político que, casi toda seguridad se abrirá tras las próximas legislativas.

Los nervios con los que Zapatero y Elena Salgado han conducido en los últimos meses sus leyes económicas han producido un final de año bastante caótico en el Congreso. En un mismo día coincidieron la semana pasada votaciones tan relevantes como la del levantamiento del veto presupuestario procedente del Senado, la de la ley Postal (donde ha encontrado singular refugio el rescate de las autopistas), la ley del Tabaco y la ley de Economía Sostenible. Hacía tiempo que no se veía físicamente tan cansadas a algunas de sus señorías, aunque también hay que reconocer que buena parte de ellas han cogido las vacaciones navideñas como si estuvieran recién llegadas del verano marbellí.

El fracaso de la ‘ley Sinde’ ha servido de todas formas como señal de alerta al Gobierno. En lo sucesivo y hasta que acabe la legislatura, ya no se podrá fiar completamente de ningún grupo, por mucho que el acuerdo de estabilidad con el PNV sellado por Zapatero e Iñigo Urkullu sea bastante sólido y esté pensado como una sociedad de socorro mutuo. La actitud del presidente del Gobierno no ayuda a cerrar ningún pacto de largo alcance. El debate sucesorio ya no se proyecta sólo hacia el interior del PSOE, sino que amenaza con empañar también la imagen de todo aquel que se arrima a Zapatero. Si el presidente del Gobierno llegó a pensar en algún momento que tenía bajo su control el manejo de los tiempos, se ha equivocado de cabo a rabo. Su confesión voluntaria, en la copa navideña de Moncloa, de que su mujer Sonsoles está en el secreto no va a contribuir a serenar los ánimos sino, más bien, a disparar las presiones para que de una vez por todas despeje la incógnita. Casi todos en el PSOE creen que el partido cambiará de cartel en las próximas elecciones generales porque Rubalcaba, además de comportarse como una liebre eléctrica, que diría José Bono, lo hace también como presidente de facto, tomando cada vez más ventaja sobre otros posibles candidatos como José Blanco, que parece descartado, la mediática Carme Chacón o el propio presidente del Congreso.

De cualquier modo, no se equivoquen. La mayoría de los dirigentes socialistas intuyen que Rubalcaba o quien ocupe el cartel socialista, no aspira a ganar las próximas elecciones, misión casi imposible, sino a mantener humildemente los andamiajes del PSOE para que no quede por debajo de los 100 escaños. Tal como vamos, tampoco lo descarten.

Federico Castaño

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