El mercado teme dos grandes amenazas que se ciernen sobre la banca española (aparte de su baja rentabilidad): la desaparición de las cláusulas sueloy la de los DTA (activos fiscales diferidos por sus siglas en inglés). La primera va a hacerse realidad casi con toda probabilidad, ya que el Gobierno está buscando fórmulas para elimiralas como ha adelantado El Confidencial. Pero la segunda se ha resuelto definitivamente a favor de las entidades, ya que el BCE ha asegurado que los créditos fiscales que tiene el sector en su capital, 40.800 millones, no serán anulados.
Lo ha hecho Daniéle Nouy la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE, en una respuesta a un parlamentario alemán. Como es sabido, los alemanes son los más críticos con estos créditos, que consideran ayudas de Estado a la banca española que rompen el campo de juego nivelado (level playing field) de la libre competencia bancaria en Europa. Y el Banco de España se ha apresurado a comunicar la buena nueva a los afectados, según confirman varias entidades.
Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales, incluido el español, garantizaron su recuperación íntegra aunque no se alcance el nivel de beneficios necesario. Y esa garantía es lo que había cuestionado la Comisión Europea.
Bruselas abrió una investigación sobre los DTA en abril por considerarlos posible ayuda de Estado, lo que rápidamente hizo saltar las alarmas en el sector y entre los inversores. La gravedad del asunto quedó patente en el hecho de que Guindos se puso rápidamente en contacto telefónico con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager y que Rajoy en persona llamó al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para tratar el asunto.
Según el Banco de España, los DTA que computan en el capital (monetizables) alcanzan 40.800 millones, y han servido para salvar los últimos ejercicios a varias entidades, porque una parte pueden contabilizarse como beneficio (el caso más extremo es Abanca). Si se eliminasen, las entidades más afectadas, aparte del banco gallego-venezolano, serían Bankia, Liberbank, BMN, Sabadell o Caixabank.
La banca puede respirar tranquila
Como ha explicado El Confidencial, si Bruselas considera que son ayudas de Estado, Cristóbal Montoro tendría que contabilizar su importe total como deuda pública (y la parte que ya han activado las entidades como déficit), algo que el Ejecutivo no contempla ni en sus peores pesadillas. Y el temor de los mercados era que, si los DTA tenían que contabilizarse como deuda pública, Montoro se negara a mantener la garantía de su recuperación y entonces los bancos deberían restárselos del capital.
Si se eliminasen los DTA, las entidades más afectadas, además del caso extremo de Abanca, serían Bankia, Liberbank, BMN, Sabadell o Caixabank
Eso es lo que queda descartado ahora, según la citada respuesta de Nouy a un parlamentario alemán que insistía en la ilegalidad de los créditos fiscales españoles. Formalmente, todavía la Comisión debe cerrar su investigación, pero el Banco de España ya ha comunicado a las entidades que pueden respirar tranquilas porque conservarán sus créditos fiscales en el capital y no tendrán que rehacer los resultados en que ya se los han aplicado. A cambio, el supervisor europeo exige una elevación de los requisitos de capital intermedios (phased-in) antes de que entren en vigor las normas de Basilea III, algo irrelevante puesto que las entidades españolas ya cumplen las exigencias finales de estas normas (fully loaded),
No es una ventaja competitiva... ¿o sí?
El Gobierno español siempre ha defendido que la norma española no concede una ventaja competitiva a las entidades de nuestro país, sino lo contrario: anula la desventaja en que se encontraba porque otros países europeos (incluido Alemania) habían salvado estos activos previamente -si bien con fórmulas diferentes a la elegida por España-. El propio Montoro ya había dado por salvados los DTA en la presentación de la reforma fiscal en junio del año pasado. Es más, había concedido una ayuda adicional a la banca al permitir deducírselos al 30% al no rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades del sector al 25% como en el resto de empresas.
Ante la alarma generadao por la investigación comunitaria, la banca había solicitado informes a las grandes consultoras sobre las posibilidades de que la investigación prosperase, y la respuesta unánime había sido que, se mire como se mire, los DTA son ayudas públicas. Otra cosa es si son contrarias o no a la legislación comunitaria -aquí la clave es si son específicas para la banca o se las pueden aplicar todas las empresas, algo bastante discutible- y, en caso de ser ilegales, si también deberían serlo las fórmulas que utilizan países como Alemania, Francia o Reino Unido para reconocer estos créditos fiscales a sus entidades financieras.
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