lunes, 22 de abril de 2013

Economistas frente a la crísis ( 1 )


La vivienda habitual fue el mayor componente de los deshaucios en 2012

Julio Rodriguez López es miembro de Economistas Frente a la Crisis
La pérdida de empleos derivada de la recesión de la economía española  ha elevado la morosidad en  los préstamos con los que numerosos hogares  adquirieron  la vivienda hasta 2007. Aunque la tasa de morosidad de dichos préstamos,  el 4%  a 31 de diciembre pasado, era muy inferior al 30% de los préstamos a promotor, el saldo de préstamos morosos superaba los 25.300 millones de euros en la fecha citada. Los datos publicados por  “Registradores de España” en abril han revelado la realidad de una cifra  trascendente de compradores de vivienda habitual afectados por la morosidad y el riesgo de desahucio.
Hasta abril de 2013 se ha dispuesto de información trimestral aportada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En  dicha información destacan los datos de procedimientos de ejecución hipotecaria presentados en los juzgados  y los de lanzamientos  ordenados. Entre 2008 y 2012 los totales acumulados han sido de 415.220 procedimientos y  244.400 lanzamientos, destacando la tendencia creciente de dichas magnitudes.
Los totales mencionados se refieren a todo tipo de activos inmobiliarios (vivienda habitual, segunda vivienda, plazas de garaje, locales de oficinas, bajos comerciales, naves industriales). Los comentarios de los dirigentes  bancarios apuntaban a que el peso de la vivienda habitual en los totales citados no debía de ser muy elevado. De esto último se derivaba, pues, que el problema de los desahucios tiene un impacto social importante, sobre todo cuando se produce el  suicidio del prestatario, pero que el alcance del problema en el fondo  no es tan acusado.
En abril de 2013, el Colegio de Registradores de la Propiedad de  España, ha publicado una estimación para 2012  de los totales anuales correspondientes a procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados, adjudicaciones producidas como consecuencia de ejecución hipotecaria y daciones en pago. En los tres casos los datos se han referido exclusivamente a vivienda. Tales  datos han incluido información adicional  sobre las viviendas habituales y sobre  los titulares extranjeros de las viviendas afectadas.
En 2012  hubo en España  49.300 procedimientos de ejecución iniciados, 30.050 adjudicaciones  y 11.400 daciones en pago,   correspondientes todos ellos a vivienda habitual. Lo anterior revela que esta última tiene un peso significativo dentro de las magnitudes asociadas con los desahucios, por encima de  lo que en principio se previno.
En ese año   los procedimientos iniciados relativos a vivienda habitual supusieron el 53,7% de la cifra total de procedimientos de ejecución iniciados  publicada por el CGPJ. En terminos absolutos fueron las autonomías de Andalucia, Cataluña y Valencia donde más procedimientos se iniciaron. En terminos relativos, referidos al total de hogares correspondiente, fueron Murcia, Valencia y Cataluña las autonomías con la mayor proporción   de hogares afectados por tales procedimientos en 2012. Se advierte el mayor peso de la morosidad de los hogares en  los territorios con mayor volumen de construcción residencial desarrollada, como la Costa Mediterránea.
La cifra de viviendas habituales adjudicadas, unas 30.050 en 2012, subraya el alcance social  de los desahucios de hogares por impago de los préstamos hipotecarios en España tras el inicio de la crisis  Las 11.400  daciones en pago de viviendas habituales implican  que dicha fórmula no resulta atípica en España. Es posible que  en 2012 los bancos aumentasen el  número de daciones en pago “toleradas”  ante la mayor dimensión que el problema fue adquiriendo en dicho año.
En 2012 destacó también la significativa presencia de los deudores extranjeros en las magnitudes analizadas,  el  24,5% de  los procedimientos iniciados en 2012 sobre viviendas  y el 38,7% de las daciones en pago producidas. En Madrid han pesado más los extranjeros, sobre todo ecuatorianos,  en la cuestion de los impagos hipotecarios, que alcanzaron  el  38% de los procedimientos sobre viviendas y casi  el  60% de las daciones en pago  en 2012.
Los datos publicados por los registradores confirman, pues, que en las fases de procedimiento, adjudicación y lanzamiento de activos inmobiliarios  afectados por la morosidad la vivienda habitual  presenta una cuota mayor  que lo inicialmente previsto,   muy por encima del resto de activos inmobiliarios. No es de extrañar, pues, el alcance de las  protestas de los sectores sociales afectados por un sistema de ejecución  tan severo como el vigente en España.
El Decreto-Ley de la Junta de Andalucía por el que el gobierno andaluz puede  expropiar el derecho de uso de la vivienda a los bancos que vayan a ejecutar una vivienda,  por un periodo máximo de tres años,  ha supuesto otra novedad de interés en el panorama de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Lo más relevante, si embargo,  es el contenido  del texto definitivo que la mayoría del PP en el Congreso de los Diputados ha enviado al Senado a través de las  enmiendas al texto del RDL.27/2012
Las reformas que el gobierno ha introducido a dicho Real Decreto a su paso por el Congreso mejoran el procedimiento y refuerzan el Código de Buenas Prácticas. Sin embargo, el texto citado  no supone una apertura a la segunda oportunidad,   consagra el 12% (tres veces el tipo de interés legal  del dinero) como tipo a aplicar a  los intereses de demora y mantiene un perfil restrictivo respecto de los hogares a los que se les aplazará  el lanzamiento de la vivienda.  Todo apunta a que el sistema legal vigente en España en materia de ejecución de las deudas hipotecarias que afectan a la vivienda habitual va a  persistir en sus rasgos básicos, lo que le mantiene como el más agresivo  para el deudor en  Europa Occidental

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