70 impuestos regionales (por la puerta de atrás)
José Mª Camarero
Las Comunidades cuentan con 70 impuestos propios con los que gravan actividades medioambientales, negocios, consumo de agua o depósitos bancarios.
Los impuestos autonómicos no paran de crecer. Y no sólo porque aumenten los gravámenes que se aplican a los ya conocidos (la parte correspondiente de IRPF, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, entre otros), sino porque las Comunidades Autónomas han extendido la lista de tributos que sus respectivos ciudadanos deben abonar por gestos de su vida diaria que, hasta hace muy pocos meses, no estaban sometidos a gravamen alguno.
La ley los reconoce como «tributos propios» y son aquellos impuestos que las regiones pueden aprobar, siempre que no entren en contradicción con algún tributo estatal. A pesar de que crecen en número, las Comunidades no obtienen los recursos deseados. En 2011 (último año con datos disponibles, según la liquidación del sistema de financiación autonómica), los ingresos por estos tributos apenas supusieron un 1,6% del total de dinero que recaudaron a través de impuestos. Esto es, 1.300 millones de euros. Pero el año anterior, supusieron el 1,8% del total. «En muchas ocasiones, la recaudación que se obtiene de los tributos es tan exigua que muy probablemente si realizásemos un análisis coste-beneficio sería negativo, pues con mucha probabilidad, la recaudación obtenida no cubre los gastos de gestión de los mismos», explican desde REAF.
Aunque el abanico de impuestos es muy amplio (la lista se ha renovado en 2014 con siete nuevos gravámenes en Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana), existen algunas características comunes a los tributos propios de las 15 Comunidades de régimen común (en País Vasco y Navarra, todos los tributos se consideran 'propios'): priman los de carácter medioambiental; aumentan los de depósitos bancarios; se incorporan los de centros comerciales; y algunos suponen verdaderas novedades a la hora de tributar por determinadas actividades de particulares y empresarios.
MEDIO AMBIENTE. El canon de saneamiento es un impuesto ecológico cuyo fin suele ser «mejorar el nivel de conservación del medio ambiente», según establecen la mayoría de normativas autonómicas. Su recaudación afecta a la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de construcción de estas instalaciones. Es el tributo que más polémicas ha generado allí donde se ha impuesto. Catalanes (57,7 euros al año) y navarros (45,5)son quienes más ingresos abonan por este canon; los gallegos (9,5 euros), los que menos. Pero en el caso de los tributos medioambientales, existen otros muchos. Sólo en Andalucía, siete de los ocho impuestos propios están relacionados con la naturaleza: residuos peligrosos (también en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana) y radiactivos, emisión de gases (también en Aragón y Murcia), vertidos al litoral (también en Murcia), bolsas de plástico o infraestructuras hidráulicas. Otros impuestos 'verdes' gravan el «impacto de determinadas actividades en el medio ambiente», como en Canarias y La Rioja.
DEPÓSITOS BANCARIOS. Extremadura fue la primera Comunidad que, en 2003, aprobó un gravamen sobre los depósitos de ahorro de los bancos. Tras varios recursos que llegaron al Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas pueden aplicarlo, aunque el Gobierno lo podría restringir aprobando un tributo similar estatal, para evitar la atomización. En cualquier caso, Andalucía, Asturias, Canarias, la propia Extremadura y la Comunidad Valenciana ya lo aplican. Gravan hasta en un 0,60% el importe que los clientes bancarios tengan en estos productos de ahorro.
SOBRE LOS CENTROS COMERCIALES. Las grandes superficies se han convertido en otro de los objetivos de los tributos propios de las Comunidades Autónomas. Estos impuestos gravan la actividad comercial, argumentando los «impactos» que generan en el territorio tanto desde un punto de vista visual, como desde el medioambiental. Asturias, Cataluña y La Rioja gravan directamente la actividad comercial. En Canarias, se trata del Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los grandes establecimientos comerciales. En el caso catalán, el impacto asciende a 17,42 euros por metro cuadrado.
PREMIOS DE BINGOS. Asturias, Baleares, Galicia y Murcia han aprovechado la actividad de juegos en sus territorios para incluir impuestos que graven los premios obtenidos en bingos. En Galicia se grava entre un cinco y un 7,5% sobre el premio obtenido; en Asturias, el 10%; y en Murcia, el 6%. En las Islas Baleares se aplica un tipo 0 de gravamen. Además, en Madrid se pagan hasta 485 euros por cada máquina recreativa que se pueda instalar en hostelería.
Con polémica.
La aprobación de determinados tributos propios ha generado conflictos entre los sectores afectados y las Comunidades. Un ejemplo claro ha sido el de Cataluña con el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, que grava con 2,25 euros por noche a los visitantes que se alojen en la región. Además, Asturias (33 por ciento), Cantabria (tipo 0 actualmente), La Rioja (12), Madrid (25) y Murcia (25) aplican un gravamen adicional sobre las cuotas mínimas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
La ley los reconoce como «tributos propios» y son aquellos impuestos que las regiones pueden aprobar, siempre que no entren en contradicción con algún tributo estatal. A pesar de que crecen en número, las Comunidades no obtienen los recursos deseados. En 2011 (último año con datos disponibles, según la liquidación del sistema de financiación autonómica), los ingresos por estos tributos apenas supusieron un 1,6% del total de dinero que recaudaron a través de impuestos. Esto es, 1.300 millones de euros. Pero el año anterior, supusieron el 1,8% del total. «En muchas ocasiones, la recaudación que se obtiene de los tributos es tan exigua que muy probablemente si realizásemos un análisis coste-beneficio sería negativo, pues con mucha probabilidad, la recaudación obtenida no cubre los gastos de gestión de los mismos», explican desde REAF.
Aunque el abanico de impuestos es muy amplio (la lista se ha renovado en 2014 con siete nuevos gravámenes en Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana), existen algunas características comunes a los tributos propios de las 15 Comunidades de régimen común (en País Vasco y Navarra, todos los tributos se consideran 'propios'): priman los de carácter medioambiental; aumentan los de depósitos bancarios; se incorporan los de centros comerciales; y algunos suponen verdaderas novedades a la hora de tributar por determinadas actividades de particulares y empresarios.
MEDIO AMBIENTE. El canon de saneamiento es un impuesto ecológico cuyo fin suele ser «mejorar el nivel de conservación del medio ambiente», según establecen la mayoría de normativas autonómicas. Su recaudación afecta a la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de construcción de estas instalaciones. Es el tributo que más polémicas ha generado allí donde se ha impuesto. Catalanes (57,7 euros al año) y navarros (45,5)son quienes más ingresos abonan por este canon; los gallegos (9,5 euros), los que menos. Pero en el caso de los tributos medioambientales, existen otros muchos. Sólo en Andalucía, siete de los ocho impuestos propios están relacionados con la naturaleza: residuos peligrosos (también en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana) y radiactivos, emisión de gases (también en Aragón y Murcia), vertidos al litoral (también en Murcia), bolsas de plástico o infraestructuras hidráulicas. Otros impuestos 'verdes' gravan el «impacto de determinadas actividades en el medio ambiente», como en Canarias y La Rioja.
DEPÓSITOS BANCARIOS. Extremadura fue la primera Comunidad que, en 2003, aprobó un gravamen sobre los depósitos de ahorro de los bancos. Tras varios recursos que llegaron al Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas pueden aplicarlo, aunque el Gobierno lo podría restringir aprobando un tributo similar estatal, para evitar la atomización. En cualquier caso, Andalucía, Asturias, Canarias, la propia Extremadura y la Comunidad Valenciana ya lo aplican. Gravan hasta en un 0,60% el importe que los clientes bancarios tengan en estos productos de ahorro.
SOBRE LOS CENTROS COMERCIALES. Las grandes superficies se han convertido en otro de los objetivos de los tributos propios de las Comunidades Autónomas. Estos impuestos gravan la actividad comercial, argumentando los «impactos» que generan en el territorio tanto desde un punto de vista visual, como desde el medioambiental. Asturias, Cataluña y La Rioja gravan directamente la actividad comercial. En Canarias, se trata del Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los grandes establecimientos comerciales. En el caso catalán, el impacto asciende a 17,42 euros por metro cuadrado.
PREMIOS DE BINGOS. Asturias, Baleares, Galicia y Murcia han aprovechado la actividad de juegos en sus territorios para incluir impuestos que graven los premios obtenidos en bingos. En Galicia se grava entre un cinco y un 7,5% sobre el premio obtenido; en Asturias, el 10%; y en Murcia, el 6%. En las Islas Baleares se aplica un tipo 0 de gravamen. Además, en Madrid se pagan hasta 485 euros por cada máquina recreativa que se pueda instalar en hostelería.
Con polémica.
La aprobación de determinados tributos propios ha generado conflictos entre los sectores afectados y las Comunidades. Un ejemplo claro ha sido el de Cataluña con el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, que grava con 2,25 euros por noche a los visitantes que se alojen en la región. Además, Asturias (33 por ciento), Cantabria (tipo 0 actualmente), La Rioja (12), Madrid (25) y Murcia (25) aplican un gravamen adicional sobre las cuotas mínimas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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