La élite intocable del Régimen del 78
El Congreso de los Diputados, en obras. FERNANDO SÁNCHEZ
Este reportaje forma parte del dossier del número de diciembre de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, se mostró algo irritado cuando los periodistas le plantearon la necesidad de crear un mayor control de los viajes de los parlamentarios a raíz del escándalo de los desplazamientos frecuentes a Canarias del extremeño José Antonio Monago en su época de senador. “Esto no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, espetó el 11 de noviembre. Esta defensa de la opacidad de los gastos de los diputados quizás hubiera sonado convincente hace unos años. Pero las cosas han cambiado. Ante la avalancha de casos de corrupción en los últimos tiempos, un sistema en el que los dos grandes partidos básicamente se controlan a sí mismos suscita cada vez mayor rechazo. En un primer momento, el Partido Popular y el PSOE reaccionaron al caso Monago con un pacto a la vieja usanza. A partir de ahora son los propios grupos parlamentarios los que deben controlar los viajes de sus señorías, y el Congreso publicará cada trimestre el monto total, sin desglose alguno, de lo que la Cámara se gasta por este concepto, un dato inútil para detectar posibles abusos individuales. Ese pacto recibió numerosas críticas por ser otro arreglo más del bipartidismo que ha marcado sus propias reglas desde la Transición. Poco después, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, mostraba más reflejos ante la opinión pública que el PP al anunciar que el PSOE se comprometía a publicar los datos de los viajes de sus parlamentarios.
La preocupación en la ciudadanía se ha disparado. Hay 1.900 imputados en causas abiertas contra la corrupción, entre ellos dos exvicepresidentes del Gobierno –Rodrigo Rato, del PP, con las tarjetas opacas y la fusión y salida a bolsa de Bankia, y el socialista Narcís Serra, envuelto en el escándalo de Catalunya Caixa–, un expresidente de la patronal CEOE, así como exministros –Magdalena Álvarez o Ángel Acebes–, exsenadores y la infanta Cristina y su marido. La lista es larga. La Operación Púnica, que ha afectado a decenas de alcaldes y altos cargos regionales, obligó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pedir perdón por la corrupción por segunda vez en lo que va de legislatura.
El PP y el PSOE hablan de “manzanas podridas” que hay que “limpiar” en el cesto de la política. Entre las élites empresariales también prefieren reducir el asunto a malas conductas individuales. “No es un problema de sistema sino de personas. Hay que extirpar las manzanas podridas”, defiende el consejero delegado del Banco Santander, Javier Marín. Pero muchos expertos discrepan de esta visión y creen que el problema sí es sistémico. La organización Transparencia Internacional alerta en un informe de que países como España “muestran una falta de responsabilidad y transparencia (accountability) en el sector público, así como problemas profundos de ineficiencia, malas prácticas y corrupción para los que no hay controles ni sanciones suficientes”. También a nivel social crece la percepción de que no se trata de un problema de manzanas podridas, sino del cesto en su conjunto. O del árbol, como lo definió Jordi Pujol en su comparecencia en el Parlament para explicar los fondos ocultos que tenía en el extranjero. “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae una rama y todos los nidos que hay hasta caer el árbol entero y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política”, advirtió el expresident de la Generalitat.
Según la encuesta del CIS de noviembre, la corrupción ya es el segundo problema que más preocupa a los españoles, más que nunca en democracia. Mientras, Podemos, un partido con apenas un año de vida, ha popularizado el término “casta”. La legitimidad de la actual configuración institucional parece estar desmoronándose. “La última serie de procesos y operaciones policiales en curso va orientando las miradas no sólo a los corruptos individuales, como pretenden desde los partidos afectados, sino a las grandes estructuras delictivas que anidan en el sistema de partidos”, explica Alejandro Almazán, investigador de la UNED especializado en opinión pública. En ese sentido, la percepción de la sociedad ha evolucionado desde los “hechos esporádicos”, como el despacho del hermano de Alfonso Guerra (PSOE) y el caso del tesorero Rosendo Naseiro (PP) durante la década de 1980, a una visión “más general” que incluye, ejemplifica Almazán, las puertas giratorias, la financiación de los partidos y los tratos de favor a determinadas empresas. Con una puntualización necesaria: la corrupción está instalada entre las élites pero no entre la mayoría de los funcionarios, como los trabajadores de la Sanidad o del sistema educativo.
Esta situación, sumada al declive de los dos grandes partidos, sitúa a lo que cada vez más actores políticos y sociales señalan como el “Régimen del 78″ en una posición crítica. Uno de los factores fundamentales del problema es la politización de las instituciones del Estado. Los principales cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del Tribunal Supremo, la Jefatura de Policía, los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros órganos encargados de controlar delitos como la corrupción, son elegidos por los principales partidos. “La separación de poderes queda totalmente difuminada”, certifica Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
Joan Ridao, ex secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, afirma que “hay corrupción en todas partes”, pero que la mayoría de los casos se da en el ámbito local. “Sobre todo tienen que ver con municipios de costa y vinculados a excesos urbanísticos durante la era del pelotazo, con delitos como el cohecho, el soborno o las comisiones en B”, enumera. Ridao también es partidario de aumentar la financiación pública de los partidos, ya que la actual es “insuficiente”, lo que favorece la tentación de buscar vías no legales.
Conductas reprobables
No toda la corrupción es necesariamente ilegal. Por un lado, hay casos fácilmente clasificables como delito, tales como el soborno, el cohecho o las comisiones en B. Por otro, como recuerda Tajadura, hay “conductas que son legales pero que la gente percibe como corrupción”. Es el caso de los viajes de Monago o el del expresidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que cargó 13.000 euros al organismo para irse de viajes de fin de semana a Marbella. También podría enmarcarse dentro de este tipo de actuaciones el caso de Beltrán Gutiérrez. Sólo un día después de que fuera cesado como asesor del PP de Madrid por estar involucrado en el escándalo de las tarjetas opacas de Cajamadrid, la líder de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, le volvió a contratar. Es una prueba más de que muchos dirigentes aún no se dan cuenta del alcance de la indignación ciudadana.
¿Cómo se sientan las bases que permiten tan alto grado de impunidad? Responder a esta pregunta lleva inevitablemente a mirar atrás, a la elaboración de la Constitución de 1978. Muchos de los mecanismos que hoy hacen posible la politización de unas instituciones que deberían ser neutrales están contemplados en una Carta Magna que se elaboró tres años después de la muerte de Franco, cuando las estructuras de la dictadura aún eran muy potentes. El objetivo principal era garantizar la gobernabilidad por encima de la representatividad, de modo que la sociedad pudiera expresarse “a través de las instituciones, nunca directamente de modo decisivo salvo para elegir a los representantes”, resume Sebastián Martín, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Al menos en buena parte, agrega, la Transición fue pilotada por élites políticas, burocráticas y económicas del franquismo. El resultado es el diseño de un bipartidismo fuerte que evitara cualquier ruptura e imposibilitara crecer a las minorías y, por otro lado, la falta de poder real de los mecanismos de intervención y control directo por parte de la ciudadanía, como el referéndum o la Iniciativa Legislativa Popular.
Sin embargo, a pesar de que se suele sostener, parafraseando a Franco, que la dictadura lo dejó todo atado y bien atado, “el destino oligárquico final no estaba escrito desde el origen en la propia norma constitucional, que daba y da cabida a otras políticas”, dice Martín. “Sostener lo contrario constituiría una suerte de exculpación de los que han pervertido todos sus mecanismos institucionales en provecho propio”, agrega. También Tajadura cree que en los años ochenta se cumplía “no sólo la letra sino también el espíritu de la Constitución”. Afirma que “hay que reconocer que el sistema ha funcionado en su momento pero ya no, y hay que cambiarlo por otro que no sea susceptible de ser mal aplicado”.
Muchos órganos que deben fiscalizar la corrupción están controlados por el Ejecutivo, como Hacienda o la Unidad de Delitos Fiscales. “Hay un fallo sistémico, una falta de poderes neutrales e independientes, que son los que en última instancia pueden luchar contra la corrupción”, lamenta Tajadura. Por ello, se decanta por reformar la Constitución: “Lo demás van a ser parches”.
En sus memorias, el ex primer ministro británico Tony Blair lamenta haber puesto en marcha una de las leyes de transparencia más avanzadas de Europa. “Me estremezco ante la estupidez de la idea”, reconocía. Esta ley no es usada “mayoritariamente por el pueblo”, por “curiosidad de saber”, sino “como un arma” por parte de periodistas. “Para los líderes políticos es como decirle a alguien que te está pegando con un palo en la cabeza, ‘hey, prueba con esto’, y darle una maza”, explica. Lejos de ese nivel de transparencia está España. La ley impulsada por el Gobierno no contenta a las organizaciones que piden un acceso a la información garantizada por organismos independientes. De nuevo, los poderes que deben someterse al escrutinio público son “juez y parte”, en palabras de Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info. Son ellos los que tienen que dar autorización para revelar los datos que se demanden. Anderica advierte de que la ley de transparencia no acaba con la corrupción, pero es “fundamental” para luchar contra ella. “Cuando la información es pública y tienes una sociedad civil y unos periodistas pendientes de lo que haces, a un político le va a costar mucho más mentir, porque siempre se deja un rastro, algún cabo suelto por el que se le puede pillar”, defiende.
¿Reforma o ruptura?
En la mayor sensibilidad social por la corrupción han influido los recortes en el llamado Estado del Bienestar. Beatriz Mañas, investigadora de temas de opinión pública en la UNED, cree que no estamos ante una desafección por la democracia, sino que se ha producido una “pérdida de legitimidad social sobre la forma en la que esa democracia ha sido gestionada desde la Transición”. La corrupción pasó a ser percibida como estructural. El concepto de lo público, cree Mañas, se ha “revalorizado”, y ya no es algo gestionado por los políticos “de forma abstracta”.
El año que viene los ciudadanos pueden pronunciarse en las elecciones generales sobre qué hacer con el llamado Régimen del 78. Desde el aparente inmovilismo del PP y la “reforma pero no ruptura” que propone el socialista Sánchez hasta los procesos constituyentes que plantean Izquierda Unida y Podemos.
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