El coste del Consejo Consultivo alcanza los 4.500 euros por dictamen
El presidente del organismo asesor del Principado acusa al PP de inflar los datos para pedir su supresión // Recuerda que es uno de los más austeros de España
Miércoles17 de diciembre de 2014
En la cruzada del Partido Popular asturiano contra el sector público, el Consejo Consultivo es una pieza cotizada. Los diputados populares se han empleado a fondo contra el organismo desde el comienzo de la legislatura y lo han incluido en su habitual repertorio de ataques contra empresas e instituciones dependientes del Principado, descalificadas habitualmente como “chiringuitos socialistas”. Por lo general, el Consejo no responde a esas opiniones, pero la escalada de los últimos días, con una sucesión de declaraciones del José Agustín Cuervas-Mons, ha provocado una respuesta. El presidente del Consultivo, el exconsejero y profesor de Derecho Administrativo Bernardo Fernández, ha desmentido este martes todos los datos esgrimidos por el parlamentario desde la semana pasada para cargar contra los costes de funcionamiento del organismo y su política de contratación. “Es una información errónea y falsa, a pesar de que los diputados tienen acceso a las memorias y disponen de todos los elementos de juicio”, ha señalado.
Fernández niega los dos aspectos que han servido a Cuervas-Mons para lanzar críticas desde el pasado viernes. En primer lugar, el Consultivo asegura que la convocatoria para reponer tres plazas en su personal –una decisión censurada por el PP, que ha pedido que esas contrataciones refuercen la sanidad pública— responde a una obligación legal ya aplazada en ejercicios anteriores por las servidumbres de la austeridad. Son puestos de letrados cubiertos hasta ahora por personal interino. En todo caso, al margen de los consejeros, todos los trabajadores del Consejo son funcionarios o personal laboral del Principado.
Aún más han molestado en el organismo el cuestionamiento de su existencia y el uso de cifras infladas sobre su coste. Fernández recuerda que hace poco más de dos meses se publicaron informaciones que sitúan al Consejo asturiano como uno de los más austeros entre las 16 comunidades autónomas que disponen de ese organismo asesor (Cantabria es la única que no tiene). Y, además, asegura que Cuervas retuerce las cifras –extraídas de una información de El Mundo y no de fuentes oficiales— en beneficio de su tesis. Para empezar, señala que el coste del Consultivo desde que echó a andar en 2005 hasta el cierre del año pasado, no ha superado los 17 millones de euros, como señala el PP, sino que se queda en 11,9 millones, 1,3 en cada uno de los ejercicios hasta 2013.
"CÁLCULO PINTORESCO"
“Es un cálculo pintoresco. Usa la cifra presupuestada para cada año, pero no se fija en el presupuesto ejecutado, que es mucho menor”, apunta. La distorsión, añade, procede de los primeros años de funcionamiento, en los que, por falta de experiencia, se previeron cantidades más altas de las que fue necesario utilizar. Esos superávits, sin embargo, se han utilizado después para reducir la aportación de la Consejería de Hacienda a su funcionamiento anual. “Esta es una institución austera. Solo se reservan 1.000 euros en dietas al año y nunca se gastan todos. No hay personal de gabinete, asesores ni departamento de prensa”, indica su presidente.
Al rebajar el coste global del Consejo, Fernández también reduce el coste por cada dictamen brindado por los consejeros al Principado o a los ayuntamientos que los solicitan. Entre 2005 y 2013, la institución despachó 2.763 consultas. Aceptó 2.425 para dictaminar sobre ellas, lo que rebaja el coste de cada informe de los 6.000 euros que denuncia Cuervas a 4.940. Y el organismo precisa que ese es la media, pero que, una vez amortizadas, las inversiones iniciales para poner en marcha sus funciones, esa cantidad es menor en los años más recientes, alrededor de 4.500 euros entre 2010 y 2013. Y el Consultivo trabaja, asegura su responsable. En 2014, ha aprobado ya 288 dictámenes y, puesto que aún queda una reunión antes del final del año, la cifra final rondará los 300.
Fernández tampoco entiende las críticas contra la misma existencia del Consejo, cuya creación tiene amparo en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ni contra su politización. Definido como “superior órgano de consulta de la comunidad autónoma” en la ley que avaló su creación en 2004, emite informes a petición del Principado o de los concejos. El PP sostiene que nunca desaconseja los recursos de inconstitucionalidad de la Administración asturiana contra decisiones del Gobierno central ni la desautoriza. Fernández lo niega. “La estadística dice que no le hemos dado la razón al Principado en uno de cada tres dictámenes. Y atendemos también a ayuntamientos gobernados por todos los partidos. El sistema informático reparte los asuntos a ciegas, sin nombres. Solo el ponente y un letrado tienen todos los datos. El resto dictaminan solo sobre los hechos. Unas veces damos la razón a unos y otras, a otros”, asegura el presidente.
RECLAMACIONES DE DAÑOS
El informe del Consejo es obligatorio en todas las reclamaciones patrimoniales a la Administración que superen los 6.000 euros. Por ese motivo, pasan por él muchas quejas por caídas o daños sufridos por ciudadanos. Cuervas se ha referido desdeñosamente a esos dictámenes como “esguinces des 6.000 euros”, para indignación de Fernández. “La función consultiva está en la Constitución. Esos ciudadanos tienen derecho a ella. Y tienen derecho a que sea la mejor posible”, defiende.
El Consultivo asturiano tiene cinco miembros. Tres son designados directamente por el Gobierno regional. Los actuales, además, del propio Fernández, son la exsecretaria de la Sindicatura de Cuentas, Rosa Zapico, y el exalcalde de Langreo –elegido en la lista de IU— José María García. Los otros dos reciben su nombramiento de la Junta General. Son el expresidente socialista del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil y el exdelegado del Gobierno popular Fernando Fernández Noval. El presidente nace del voto de los consejeros. Cada periodos en el cargo dura seis años y nadie puede acumular más de dos mandatos. El presidente percibe un salario de 63.700 euros al año y los consejeros llegan a 67.000.
Fernández admite que otros consejos –los de Navarra o Baleares, por ejemplo— son más baratos porque sus integrantes no tienen dedicación exclusiva. Pero el precio de cada dictamen es mayor. Supera a veces los 10.000 euros. Además, da pie a paradojas. “Un abogado por la mañana hace un dictamen y, por la tarde, en su actividad privada, puede denunciar a la Administración”, señala. A su juicio, la propuesta del PP de pasar toda la actividad de los consejos autonómicos al Consejo de Estado no funcionará. “Ya tiene dificultades para atender 2.000 asuntos al año y, con esa solución, tendría 12.000”, asegura. Ni siquiera el Gobierno de Mariano Rajoy confía en esa solución. Las instrucciones de austeridad y eliminación de entes autonómicos del Ministerio de Hacienda salva a los órganos asesores.
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