No quieren, no pueden, nos llevarán al....
26/01/2012 - 07:00
La contracción del crédito no puede continuar", aseveró ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en TVE. Su fórmula para devolver la gasolina a la economía española pasa por agilizar la digestión del ladrillo que tiene la banca en sus balances. Un sobreesfuerzo, el de provisionar otros 50.000 millones de euros, que los
Expertos del sector inmobiliario consideran que no servirá de nada si no se penalizan también los préstamos concedidos a promotores. Pese al parón del negocio, siguen acaparando un tercio de todo el crédito: 303.500 millones. Lo mismo que en 2007.
Los últimos datos del Banco de España, al cierre del tercer trimestre de 2011, recogen, además, otros 102.258 millones ligados a las constructoras (aunque aquí sí ha habido un descenso de 50.000 millones desde que estallara la crisis). Entre los dos ramos del ladrillo absorben un 43% de todo el crédito a las empresas.
El hecho de que el volumen de crédito destinado a promotoras inmobiliarias no haya descendido, desarrolla Mikel Echevarren, consejero delegado de la consultora financiera Irea, responde a que estos préstamos "se mantienen vivos artificialmente para no tener que provisionarlos", pues hoy día, si la entidad da por fallidos esos créditos y se adjudica sus activos, debe provisionarlos al 10% inmediatamente, al 20% transcurrido un año y al 30% a los dos años. "Si solo se elevan las provisiones sobre los activos adjudicados, la medida será claramente insuficiente", expone Echevarren. "Se daría un efecto perverso que incentivaría que la banca siga refinanciando ese préstamo hasta el infinito". Aunque la entidad sepa que la empresa que lo pide no podrá pagar, al menos se ahorraría sanear estos activos.
Fuentes del sector financiero apuntan a que la nueva regulación que prepara el Gobierno les obligará a discriminar por tipo de activo, elevando la provisión del suelo rústico al 95%, del urbanizable al 60%, de las promociones no acabadas al 50% y de las terminadas al 30%. Los ecos que han llegado desde el Ministerio a las entidades no hacen alusión al crédito dudoso. Desde Irea inciden en que "no tendría lógica obligar a elevar las provisiones para un solar que se ha quedado el banco y no a un préstamo sobre un solar que haya sido refinanciado ya dos o tres veces".
"Si aumentan las provisiones de los activos adjudicados y no los activos financiados, habrá un gran incentivo para que los bancos no se adjudiquen activos inmobiliarios y sigan refinanciando a empresas que no son viables económicamente, lo que no contribuiría a rebajar la exposición inmobiliaria de las entidades financieras", argumenta Julio Gil, socio director de la consultora inmobiliaria Horizone. La solución que propone Gil pasa por "penalizar también las operaciones de financiación que se mantienen en los balances de los bancos durante varios años". De lo contrario, esa masa de crédito continuaría bloqueada en el ladrillo.
Los analistas de Credit Suisse advierten que si solo se sanean los 75.000-80.000 millones de activos adjudicados, la solución al problema del crédito será "solo parcial", y señalan la necesidad de actuar sobre los préstamos de riesgo. El crédito dudoso a promotoras es de 57.577 millones, el de constructoras, de 16.455 millones. Entre ambos suman el 74% de todo el crédito dudoso de la banca.
El principal problema de obligar a elevar las provisiones de activos y también de créditos relacionados con el ladrillo es que, según fuentes del mercado, pocas entidades podrían hacer frente al coste sin hundirse. Con todo, cálculos como los de BBVA señalan que los 50.000 millones avanzados por Economía servirían para cubrir tanto los adjudicados como el crédito dudoso y subestándar.
El agujero oculto de las sociedades participadas
Otro territorio sombrío sobre el que el Ministerio de Economía debería arrojar luz en la reforma del sistema financiero es, según señalan algunos expertos, el de las sociedades inmobiliarias participadas por la banca. "Los activos de estas sociedades, como se han presentado como cartera industrial, no se han tasado con criterios hipotecarios. Ahí hay agujeros negros del tamaño de Plutón", ilustra Mikel Echevarren, consejero delegado de la consultora financiera Irea, especializada en el negocio inmobiliario.
Un caso paradigmático de los secretos que encierran las entidades se comprobó con Caja Mediterráneo. Tras su intervención, el FROB tuvo que afrontar también la reordenación de sus sociedades participadas. En concreto, la caja alicantina contaba con una docena de entidades, participadas al cien por cien, relacionadas con el negocio del ladrillo, que comprendían ramas de la actividad que iban desde la promoción inmobiliaria, el alquiler de inmuebles, la tasación o la gestión urbanística. El caso no es ni mucho menos único pues, aunque resulta difícil cuantificar qué hay dentro, los informes corporativos de las entidades revelan una fuerte participación en sociedades inmobiliarias, con casos destacados como Bankia, Catalunya Caixa, Unnim o Banca Cívica.
Junto a las sociedades constituidas por las propias entidades, la crisis ha llevado a otras firmas a entrar en el accionariado de importantes compañías. Ha ocurrido con dos de las mayores inmobiliarias, Colonial y Metrovacesa, participadas por Santander y BBVA.
Las cifras
303.500 millones de euros es el saldo vivo de crédito concedido por la banca a actividades inmobiliarias a septiembre de 2011. Una cuantía similar a la de antes de la crisis.
43% de todo el crédito que la banca da a las empresas se lo reparten promotoras y constructoras.
74% de todos los créditos dudosos se relacionan con el ladrillo.
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