domingo, 28 de junio de 2020

De aquellos barros ..( Areces )

El coste de la Administración regional creció en 313 millones en siete años

El coste de la Administración regional creció en 313 millones en siete años

Desde 2013, la plantilla sumó a 1.663 nuevos trabajadores hasta llegar a los 36.907, que suponen un gasto del 38,5% del presupuesto

JOSÉ LUIS GONZÁLEZGIJÓN.
El coste y el tamaño de la Administración asturiana no deja de crecer. Así lo dicen las cifras recogidas en los diferentes proyectos de presupuestos, que desde el año 2013 hasta hoy reflejan un incremento de 313 millones de euros en los gastos de personal y un aumento de 1.663 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla prevista para este ejercicio de 36.907 trabajadores.
La situación que vivía el país siete años atrás era bien distinta de la que se atravesaba cuando se hicieron las previsiones del presente ejercicio. En plena recesión, el Gobierno había decretado una serie de duras medidas de contención del gasto público que afectaron a todas las administraciones y a las que el Principado no fue ajeno: aumento de la jornada a funcionarios y profesores, prohibición de contrataciones más allá de aquellas «inaplazables» y reducción de los permisos y vacaciones para los trabajadores públicos con los que se quería poner coto a los gastos de personal.
 
A pesar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno y de la supresión de una consejería y cinco viceconsejerías que se decretaron en Asturias en 2013, el gasto de personal seguía representando el 39,85% del total del presupuesto asturiano, muy constreñido por la situación económica. Una proporción que siguió manteniéndose en cifras similares hasta llegar al 38,5% que representa en el ejercicio de 2020.
La situación del empleo público en Asturias se mantuvo prácticamente congelada durante varios años más, hasta que en 2018 funcionarios y profesores comenzaron a recuperar derechos. Poco a poco, los acuerdos políticos comenzaron a ser aplicados hasta llegar al presupuesto de 2019, donde se contemplaba la creación de 1.213 plazas de trabajadores públicos y la recuperación de los salarios, acuerdos muchos de ellos que heredan las cuentas de 2020 y que supusieron un incremento de 103 millones de euros en el capítulo de personal que pusieron muy difícil al Ejecutivo regional poner en marcha su programa de Gobierno.

La pandemia

Con esta situación, llegó la pandemia, que puso sobre la mesa rigideces de la administración que complicaron su adaptación a una situación de crisis y que ha desembocado en el anuncio del presidente del Principado, Adrián Barbón, de una reforma para modernizarla.
La tarea no será sencilla. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, a quien se ha encomendado una misión planteada para lo que queda de legislatura, se encuentra con una Administración a la que en legislaturas anteriores se ha intentado poner coto con escasos resultados.
Dos son los grandes bloques donde se aglutinan la mayor parte de los trabajadores públicoseducación, con una plantilla que incluye a 10.944 profesores no universitarios, y sanidad, que a través del Servicio de Salud del Principado da empleo a 15.088 personas. Los 3.161 adscritos a la administración de justicia y los servicios de emergencias y los 2.855 que trabajan en Derechos Sociales y Establecimientos Residenciales para Ancianos completan las mayores bolsas de empleo de la administración asturiana.
La tipología de por tipo de relación laboral señala que el sector público asturiano es una fuente de empleo estable. 16.253 personas tiene condición de funcionarios, 6.261 son personal laboral y 14.352 estatutario. Los gastos destinados a personal temporal suponen solo un 8% del total de 1.831 millones de euros que el Principado dedica a sostener su plantilla.
Con estos mimbres debe ser ahora el vicepresidente del Principado el que siente las bases de la nueva Administración asturiana. Agilidad, modernización, digitalización y movilidad son palabras recurrentes en el discurso político para afrontar esta tarea. Con la patronal a favor, los partidos divididos entre la necesidad de un cambio y la garantía de los derechos de los trabajadores, y los sindicatos vigilantes ante un proceso que levanta muchos recelos, la transformación no será sencilla.

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