La reforma de la Administración autonómica incluirá la supresión de servicios y organismos duplicados
Encomienda a Cofiño la reorganización del personal y a Cárcaba el chequeo de la red de empresas públicas para una gestión más eficaz
La reforma de la Administración asturiana será más ambiciosa aún de lo que había anunciado inicialmente el presidente Adrián Barbón. A la reorganización del personal funcionario comprometida por el jefe del Ejecutivo en las últimas semanas, y encomendada al vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, que acaba de asumir las competencias relacionadas con la función pública, se suma ahora un nuevo reto: chequear la red de empresas, fundaciones y organismos públicos que componen el sector público para eliminar duplicidades y reducirlo si es posible.
La tarea, muy demandada por la oposición, fue iniciada en 2010 durante la etapa de Javier Fernández al frente del Principado, y con Dolores Carcedo como consejera de Hacienda, hasta pasar de las 85 unidades que había entonces a las 69 que hay en la actualidad. 16 unidades menos. Sin embargo, si hay posibilidad de seguir trabajando en esa línea, «que no quepa la menor duda de que se va a seguir haciendo», se comprometió ayer el presidente autonómico tras el primer Consejo de Gobierno presencial tras el fin del estado de alarma. Eso sí, Barbón quiso incidir en que la asturiana ya es una Administración «austera» con 81 altos cargos (sin tener en cuenta a los interventores y secretarios técnicos) y 50 asesores «para casi 37.000 empleados públicos». «Hay mucha demagogia con ese tema», respondió Barbón en relación a las críticas por el exceso de 'chiringuitos' políticos.
En cualquier caso, si la reforma de la administración asturiana para adaptar los recursos humanos existentes al nuevo escenario y a las nuevas posibilidades de teletrabajo ya ha sido encomendada a Juan Cofiño; Barbón confirmó que también solicitará a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que chequee la red de organismos del sector público asturiano para garantizar una gestión más eficaz.
Y es que el proceso de reorganización del Gobierno iniciado esta semana por Adrián Barbón para adaptar su gabinete a la nueva realidad tras el coronavirus –y que continuará la próxima semana con los correspondientes cambios en las diferentes direcciones generales– ha implicado que la Consejería de Hacienda recupere las competencias en relación a la gestión jurídica del sector público, que en el primer año de esta legislatura habían estado en manos de la Consejería de Presidencia. Fruto también de estos cambios en el Gobierno, el viceconsejero Juan Cofiño y el consejero Alejandro Calvo tomaron ayer posesión de sus nuevos cargos como consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático y de Infraestructuras y Cohesión Territorial, respectivamente.
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