miércoles, 5 de febrero de 2014

El Control en....El Parlamento.

Asturias mantiene su televisión autonómica y deja fuera del consejo de administración a los políticos

El Gobierno del Principado crea el "mandato-marco", que se encargará del control financiero del ente público y dará cuenta al Parlamento
Con la nueva reestructuración quedan fuera del consejo de administración los dirigentes políticos, que dejarán de percibir los 812 euros por cada reunión
Foro protesta contra la desparición de la figura política, IU quiere quitar todas las dietas y UPyD cree que el proyecto "es insuficiente"

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, escucha en sede parlamentaria las indicaciones del número dos del PSOE, Jesús Gutiérrez.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, autora de la propuesta del nuevo modelo para la televisión autonómica
La televisión autonómica de Asturias no se cierra.  Este ha sido el anuncio más alentador que ha hecho la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, para los 147 trabajadores que emplea el ente público, al presentar el proyecto de ley que marca las líneas del nuevo modelo. “Una Radiotelevisión pública adaptada a la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y de nuestras necesidades como comunidad”.
En los últimos meses, y bajo el paraguas de la crisis de 2008, las televisiones autonómicas han sido noticia por los cierres y recortes. Esa espada de Damocles también estuvo sobre la de Asturias, a pesar que, desde junio de 2012, redujo su gasto consolidado y el ejecutivo rebajó su aportación económica. Ahora cuenta con un presupuesto limitado “pero suficiente para garantizar el servicio, el que nuestra comunidad se puede permitir en época de escasos recursos y muchas prioridades”, afirma la consejera.
Asturias cuenta con televisión autonómica desde el año 2006. El Gobierno del Principado considera que su viabilidad pasa por implantar un nuevo modelo audiovisual, que se adapte a las posibilidades presupuestarias de la región. La consejera defiende un modelo público abierto a la colaboración con el sector privado.
Las grandes líneas del proyecto de ley fijan un nuevo modelo de gestión, con un mandato-marco de nueve años, que marcará los objetivos generales del ente autonómico de comunicación, que se desarrollarán por la vía de los contratos-programa, y se encargará del control financiero. Esta nueva herramienta fijará el límite de gasto anual y, en el caso de superarlo, presentará una propuesta que lo reequilibre.
El grupo RTPA, formado por tres sociedades, se fusiona en una sola empresa pública, Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U., y desaparece el Ente Público de Comunicación. Entre las funciones de la nueva empresa está la de suscribir los contratos-programas junto con la consejería de Hacienda. 
Pero quizás lo más llamativo, y lo que más polémica crea, es la reestructuración del consejo de administración, que cierra la puerta a la participación de los dirigentes políticos, que perderán la dieta de 812 euros por cada reunión a la que asistente, que vienen a ser trece  al año. Además se reduce el número de miembros, que pasa de quince a diez y se amplia su mandato a seis años, “para reforzar su independencia”, argumenta la consejera.
El primero en protestar contra la propuesta del Gobierno ha sido el representante de Foro en el consejo de administración. A su juicio, “se está hurtando el control político de la televisión, cada vez más necesario”. Los representantes en el parlamento de Izquierda Unida y UPyD tampoco se mostraron muy satisfechos con la propuesta. IU ya anunció que presentará una enmienda para que no se paguen las dietas –la coalición ya renunció a ellas en la actual estructura- e Ignacio Prendes, del partido magenta, considera el proyecto “insuficiente”.
Dolores Carcedo asegura que con el nuevo modelo que se plantea, el consejo de administración contará con un perfil “más profesional y técnico, al incorporar a expertos de la gestión de empresas como a personas relevantes en los ámbitos de la docencia, la investigación o la comunicación”. También se reduce el consejo de Comunicación, que pasa de quince a once miembros. En el proyecto se retira la retribución de 400 euros por participar en este órgano. 

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