Interior veta aspectos clave de la reforma electoral asturiana
El Ejecutivo central considera que invade sus competencias y pone reparos al voto anticipado, al nuevo reparto de diputados o las primarias en los partidos
LUIS ORDÓÑEZ
@LORDOLORDOR
MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2016
A falta de lograr una mayoría parlamentaria suficiente en la Junta General, la reforma de la ley electoral asturiana promovida por PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos se ha topado con un nuevo obstáculo. El Ejecutivo central ha advertido de que varios aspectos de la reforma autonómica colisionan con la norma del Régimen Electoral General. Y no se trata de asuntos menores: entre los puntos en los que el Estado considera que la normativa asturiana invade sus competencias, se encuentran aspectos clave como el voto anticipado, la posibilidad de sustitución temporal de diputados por enfermedad o baja maternal, la obligación de que los partidos celebren primarias para elegir a sus candidatos y el cambio hacia una mayor proporcionalidad en el reparto de diputados, de manera que de los 45 escaños de la Junta General, 35 se eligieran directamente por el voto de las tres circunscripciones y los 10 restantes mediante la ley D' Hont con los votos sobrantes, que formarían una bolsa única para cada formación.
Según ha podido saber ASTURIAS24, se trata de un informe que fue recibido ayer martes en la mesa de la Junta General y que procede de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las comunidades autónomas, dependiente del Ministerio de Hacienda pero que traslada recomendaciones de Interior. El documento encuentra reparos a puntos como el voto anticipado -- la posibilidad de emitir el voto en un periodo entre el trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria de las elecciones y el sexto anterior al de la votación; en una única urna custodiada por un funcionario público acompañado de un agente de la autoridad-- porque considera que invade competencias del Régimen Electoral General; la sustitución temporal de diputados --fundamentalmente por enfermedad o baja de maternidad-- y respecto a la que Interior recomienda alternativas, como el uso de videoconferencias argumentando la elección de los votantes recae en personas determinadas y no en los partidos. También encuentra problemas en la exigencia de la reforma asturiana de que los candidatos sean elegidos por primarias (en realidad la normativa autonómica habla de un sistema de elección en el que se garantice la participación directa de "al menos" los militantes del partido), ya que el Gobierno central considera que se impone a la capacidad organizativa de las formaciones que, según indica la Constitución, debe ser democrática aunque sin especificar con qué modelo.
Proporción y circunscripciones
El mayor revés para la reforma se encuentra en los reparos al sistema de elección de los diputados de la Junta General pactado entre PSOE, IU y Ciudadanos. Tras largas negociaciones, se acordó mantener las tres circunscripciones con las que cuenta en la actualidad el Principado, pero variando la forma de elegirlos para asegurar mayor proporcionalidad, teniendo en cuenta que el 80% de la población asturiana reside en el área central. Así, el texto de la reforma recoge que los 45 diputados de la Junta General se elegirán de forma diferenciada; por un lado, 35 de ellos se repartirán entre las tres circunscripciones en función de la población. El centro tendría 29 diputados, el occidente contaría con cuatro diputados y la zona oriental, dos. Los 10 restantes, hasta sumar el total de 45, se asignarían también mediante la ley D' Hont con los votos sobrantes, que formarían una bolsa única para cada formación. Por tanto, los diez escaños se elegirían en un distrito único con los restos que no hubiesen obtenido representación en las tres circunscripciones. Sin embargo, la valoración del Gobierno central considera confuso el sistema, asegura que no distingue circunscripción de candidatura y estima que genera inseguridad jurídica.
Otra de las novedades con mayor calado social de la reforma asturiana es la exigencia de en los colegios electorales se asegure la existencia de documentación en braille, en papeletas y sobres, para garantizar el secreto de sufragio de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Interior no veta este aspecto pero recuerda que no debe ser la Junta Electoral (tal y como contempla el texto) quien suministre esa documentación sino la administración autonómica. También afirma que la regulación del voto electrónico escapa a las competencias autonómicas.
Un texto en dos legislaturas
La reforma electoral asturiana ha sufrido un camino accidentado desde la pasada legislatura, cuando se intentó su aprobación después del pacto de legislatura alcanzado entre PSOE, UPyD e IU y que no salió adelante al recibir el rechazo tanto del PP como de Foro. El rechazo terminó por romper el acuerdo entre los tres partidos ya que tanto los magentas como la coalición consideraban que la mayoría absoluta que sumaban las tres formaciones era suficiente para alcanzar la "mayoría cualificada" que exigían los términos del acuerdo mientras que los socialistas señalaban que se debería contar con el respaldo de al menos uno de los dos grupos conservadores. En esta nueva legislatura la mayoría cualificada se definió con más concreción --tres quintas partes de la cámara-- y se llegó a un acuerdo muy avanzado entre PSOE, Ciudadanos e IU pero con demasiadas reticencias por parte de Podemos, imprescindible para que el texto saliera adelante.
A lo largo de los últimos meses, las negociaciones entre los tres partidos que apoyan explícitamente la reforma y el resto han sido accidentadas. El PP se ha opuesto a la reforma taxativamente, Foro llegó a participar en los primeros momentos de la negociación aunque no termina de verla como prioritaria; por su parte, Podemos ha considerado que se trata de un texto que se queda corto para sus aspiraciones. La formación morada ha considerado que debería incluír puntos como la limitación de mandatos (de ocho años como máximo para diputados, concejales y el presidente autonómico) y la posibilidad de presentar iniciativas legislativas populares (una cuestión que ya el resto de grupos consideraba que excedía la competencia autonómica). Pero nunca presentó su apoyo al voto anticipado ya que, a su juicio, podría favorecer la creación de "redes clientelares". En la actualidad, la reforma ya ha sido tomada en consideración en el parlamento autonómico pero no se ha sometido a votación aún.
Listas desbloqueadas y debates
Pese a las advertencias del Ejecutivo central, el informe recibido en la Junta esta semana no hace consideraciones sobre algunos de los puntos más avanzado de la reforma asturiana, como el desbloqueo de las listas electorales --de manera que los ciudadanos pueden marcar su orden de preferencia por los candidatos de un partido en la lista, con la excepción del número uno y los suplentes-- o la obligatoriedad de que los medios de comunicación de titularidad pública --el ente autonómico de radio y televisión-- organicen "al menos" dos debates entre los candidatos "durante el periodo de campaña electoral". La nueva normativa endurece, además, el régimen de incompatibilidades de los diputados de la Junta General, de forma no podrán ser a la vez alcaldes o concejales de los ayuntamientos, tampoco diputados o senadores de las cortes generales o del Parlamento Europeo u otros cargos ligados a la dirección de entes públicos.
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