Pensiones: Un juez obliga compensar a jubilados por las subidas inferiores al IPC
Amparo Estrada
Considera que vulnera el derecho internacional en materia de Seguridad Social y garantía de suficiencia económica.
Un juzgado de Barcelona ha dictado dos sentencias que obligan a la Seguridad Social a compensar a los jubilados reclamantes el dinero que dejaron de ingresar en 2012 y 2013 debido a la decisión del Gobierno de subir las pensiones por debajo del IPC. El juzgado entiende que esa actuación vulneró el derecho internacional.
El Gobierno subió las pensiones un 1% en 2012, pero la inflación en noviembre acabó en el 2,9%, por lo que los pensionistas perdieron 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo. En 2013, las pensiones subieron un 1% las superiores a mil euros y un 2% las inferiores a esa cuantía, pero sobre una base no actualizada con el IPC.Dos sentencias del juzgado de lo social número 12 de Barcelona condenan a la Seguridad Social a abonar la cantidad perdida a dos grupos de 300 y 10 pensionistas que, representados por UGT-Catalunya y el Colectivo Ronda, demandaron a la Seguridad Social.
Hasta la reforma de las pensiones con el nuevo Índice de Revalorización que entró en vigor en 2014 desvinculando la subida de las prestaciones del IPC, estas debían actualizarse con la inflación del mes de noviembre para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. La no revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2012 y 2013 fue recurrida por los sindicatos ante el Tribunal Constitucional, que avaló la decisión del Gobierno. Ello no ha sido óbice para que el juzgado de Barcelona considere que el Estado no respeta el contenido de la Carta Social Europa, que insta a los países firmantes a «elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social», ya que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
El juzgado insta en una de sus sentencias, considerada la primera de España, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar a los citados jubilados «una paga única compensatoria de su pensión», con la diferencia entre el importe resultante de revalorizar las pensiones un 1%, como hizo el Ejecutivo en 2012 y 2013, y lo que correspondería si se hubiera aplicado el porcentaje real del IPC, que fue superior a esa cifra en ambos ejercicios.
La sentencia considera que el Gobierno incumple con su actuación las disposiciones del derecho internacional en materia de Seguridad Social y de garantía de suficiencia económica para los pensionistas que, recuerda, tienen carácter «prevalente». También recuerda las directrices del Convenio 102 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligación por parte de los Estados de revisar las cuantías de las pensiones para adecuarlas a posibles «variaciones sensibles al coste de la vida».
Por otro lado, el presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, apuntó durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado que las arcas de la Seguridad Social llegarán a acumular un déficit cercano al 1% del PIB en los próximos años, pero puntualizó que es un problema «manejable». Escrivá pidió no «dramatizar» la desviación de las cuentas de la Seguridad Social, al tiempo que instó a que sus objetivos de déficit «sean menos exigentes» los próximos años. A su juicio, los ingresos de la Seguridad Social evolucionarán con toda probabilidad por debajo de lo previsto. Aunque se están recuperando «moderadamente» por la dinámica del empleo, la baja inflación y la devaluación interna de los salarios han frenado el crecimiento nominal de las cotizaciones sociales. Por lo tanto, Escrivá cree que «va a resultar muy difícil» que la Seguridad Social pueda alcanzar la estabilidad presupuestaria en los próximos años.
A su vez, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que comparecía igualmente en la misma comisión, reiteró que el actual sistema público de pensiones debe complementarse con otros sistemas privados o mixtos. Linde consideró «imposible» prescindir del sistema de reparto que hay ahora, el «esqueleto» del conjunto del sistema, pero destacó que hay que reformarlo y complementarlo con otros sistemas privados y de capitalización. Para ello, defendió la renovación del Pacto de Toledo para que los partidos se reúnan y examinen «de modo no partidista y científico» el sistema actual y planteen cómo hacer frente a los problemas a los que se enfrenta. «Tenemos un sistema de pensiones con problemas serios», dijo, y hacen falta nuevas iniciativas, a pesar de las reformas ya emprendidas, concluyó.
Los expertos pronostican que cada vez habrá que destinar una mayor proporción del ahorro privado para la jubilación. En una conferencia sobre el futuro de las pensiones organizada por Analistas Financieros Internacionales (Afi) y el Instituto Aviva, el profesor de Políticas Publicas de la London School of Economics Nicholas Barr aseguró que, incluso en ausencia de fenómenos demográficos como el 'baby-boom', las pensiones tendrían problemas por la creciente longevidad de la población si los sistemas no se adaptan a la situación con suficiente rapidez. A su juicio, las medidas a adoptar son recortes mensuales en la pensión, jubilaciones más tardías, mayores cotizaciones o ahorros y una mayor productividad, o una mezcla de todas estas medidas. La profesora de la UNED Elisa Chuliá consideró desconcertante que la preocupación individual y social sobre la jubilación contraste «con una demanda incesante de apoyos públicos, una cartera creciente de servicios sociales y un debate casi plano sobre estos problemas».
No hay comentarios:
Publicar un comentario