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La UE se despacha con obviedades.

A fondo
La UE busca bancos malos y supervisores buenos



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Banca y finanzas
Bernardo de Miguel - 25/02/2009
Ni Lyón ni Madrid suelen citarse como centros financieros de referencia. Pero la Unión Europea se vuelve hacia esas dos ciudades para buscar soluciones a la crisis financiera y sentar las bases de un sistema más sólido para el futuro.
La capital española aportará gran parte de la savia que recorre el informe del grupo de alto nivel encargado por la Comisión Europea para estudiar las estructuras de la vigilancia de los mercados financieros.
Esos especialistas, liderados por Jacques de Larosière, propondrán hoy al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, un sistema de supervisión casi calcado al aplicado por el Banco de España. Provisiones anticíclicas y para todos los vehículos de inversión; fondos de garantías de depósitos alimentados a priori;... medidas que España aplica desde hace años.
Lyón, en cambio, servirá de precedente para la creación de bancos malos en Europa. Como precedente, según algunos especialistas, de lo que no se debe hacer. En esa ciudad francesa nació en 1863 el Crédit Lyonnais (CL), una de las pocas entidades de la zona euro que ha vivido una purga de activos tóxicos como la que Bruselas quiere poner en marcha desde en buena parte del sector financiero europeo.
Las directrices para la creación de bancos malos que tiene previsto aprobar esta semana la Comisión Europea aspiran a reducir el impacto de la compra de activos tóxicos en los presupuestos públicos; mantener la competencia legal dentro del sector; y obligar a los accionistas de las entidades ayudadas a acarrear con parte de las consecuencias financieras de la operación.
Casi todo lo contrario de lo que ocurrió con la turbulenta operación de rescate de CL a finales del siglo pasado. Entonces, según el borrador de las directrices comunitarias, 'la transferencia de los activos al banco malo a precio de libro salvó a los accionistas de su responsabilidad en las pérdidas e implicó un elevado coste para el Estado durante mucho tiempo'.
Bruselas teme que la creación de bancos malos en varios países europeos degenere de nuevo hacia unas ayudas de Estado incontroladas e incontrolables, como ocurrió en parte con el banco francés. Sólo que ahora las consecuencias tanto políticas como económicas podrían ser mucho más graves que en aquel caso aislado.
El rescate del CL provocó un agrio enfrentamiento entre Bruselas y París. Y el entonces comisario europeo de Competencia, Karel Van Miert, calculaba en 1997 que la operación podría acabar costando 150.000 millones de francos al contribuyente galo.
El envite es mucho mayor esta vez. Por lo pronto, la factura potencial resulta casi imposible de predecir, tanto por la diversidad de activos dañados (se incluyen los del sector inmobiliario) como por el volumen en juego. Según el documento de la CE, los activos de la banca europea superan los 41 billones de euros, el 44% con su precio calculado en base a su valor razonable (fair value, en inglés).
A esa cifra incierta se suman los 300.000 millones de euros que los socios de la UE ya han movilizado para operaciones de recapitalización del sector y los 2,4 billones para garantías de algunas de operaciones. La suma total puede dejar un tremebundo agujero en unas cuentas públicas que en la mayoría de los países ya están en números rojos.
El impacto político y económico de una desintoxicación fallida o descoordinada no sería menor que el presupuestario. Si los países 'entran en una carrera de subsidios para intentar salvar a sus bancos', advierte la CE, 'el resultado será un sector bancario más frágil a medio y largo plazo'. Algunos expertos incluso temen que la espiral acabe con la integración de los mercados financieros europeos.
Las directrices de la CE, elaboradas en colaboración con el Banco Central Europeo, intentarán evitar esos riesgos. Las dos instituciones recomiendan que se ofrezca a las entidades la posibilidad de acogerse o no a los programas de desintoxicación y que la valoración de los activos se haga por parte de un organismo independiente en base a ciertos criterios de valoración de mercado o del futuro cash flow de los activos.
La descarga de activos devaluados podrá hacerse aparcándolos directamente en un banco malo, o mediante garantías públicas sobre su valor.
El BCE considera que las ayudas podrían supeditarse, además, al compromisos de restauración del crédito. Y la CE aboga por exigir a los bancos también ciertas medidas de reestructuración o límites a su expansión comercial. Las medidas se estudiarían caso por caso, lo cual augura serios conflictos entre la CE y algunas capitales. En el caso de Crédit Lyonnais la negociación entre Bruselas y París sobre la cesión de activos tardó años en resolverse.
La reestructuración también parece que llamará a las puertas de las autoridades de supervisión y regulación. El informe de Larosière, según fuentes cercanas a su elaboración, pedirá la creación de una estructura supranacional de coordinación y con derecho de veto sobre ciertas actuaciones de las autoridades nacionales en el caso de entidades transfronterizas.
La nueva estructura podría partir de los tres comités (bursátil, bancario y asegurador) que funcionan en la actualidad, pero ampliando sus poderes. De momento, parece que el BCE no logrará su ansiado papel de supervisor único.
El organismo presidido por Jean-Claude Trichet se limitaría a analizar los riesgos macroeconómicos del sistema bancario, pero sin entrar al detalle de la situación de cada entidad.
El grupo Larosière, en todo caso, pedirá una intensificación de la vigilancia sobre el sector. El consejero delegado del BBVA, Ignacio Goirigolzarri, pidió ayer en Madrid que en la futura regulación del sistema financiero internacional se ponga 'énfasis' en aquellas entidades que están 'insuficiente o mal reguladas' y que 'no se sobrerregule' a los bancos que 'están bien regulados'.