lunes, 25 de marzo de 2013

Manualillos para una crísis ( 1 )




Reforma de las pensiones: lo peor está aún por llegar



El cálculo del factor de sostenibilidad, que determinará el importe y el plazo de las pensiones, y las nuevas penalizaciones por jubilarse anticipadamente serán las reformas que transformen por completo el sistema actual.Imprimir




Después de aprobar la reforma de las pensiones (en agosto de 2011) y de completarla con modificaciones (como la del pasado15 de marzo, además de la reforma laboral de 2012), el grueso de los cambios en el sistema de la Seguridad Social aún no ha llegado. Y no habrá que esperar hasta el año 2027 para comprobar los efectos de estas medidas en las prestaciones de los jubilados. Ése era el ejercicio previsto para completar el tránsito del sistema anterior al nuevo modelo. Pero todo parece indicar que el proceso se acelerará a corto y medio plazo.

Lo que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas fue el desarrollo normativo de algunas cuestiones clave: jubilación anticipada y parcial y prolongación de la vida laboral. Se trataba de adaptar estas circunstancias a la reforma de la ley que se aprobó hace casi dos años. Pero el Ejecutivo se ha dejado en el tintero las medidas más drásticas: factor de sostenibilidad, coeficientes reductores proporcionales y cálculo de la futura pensión pública. Además de los cambios en el sistema complementario de pensiones.

Actualización automática
El factor de sostenibilidad es el elemento que permitirá modificar las condiciones de las prestaciones (cuantía, plazos, etc.) de forma automática. «Se trata de una ecuación matemática que varía en función de variables como el envejecimiento de la población, para evitar la quiebra del sistema», explica Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA España. «O se reduce el importe de la pensión o se comienza a abonar más tarde», sentencia este experto. Porque las previsiones demográficas no son nada halagüeñas: por cada día que pasa, la población se envejece 4,8 horas, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

En la primera reforma de las pensiones ya se hablaba sobre este factor, pero se afirmaba que se aplicaría a partir de 2027. En la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año pasado ya se indicaba que «en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, se revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad» (en 2012, la Seguridad Social registró ya un déficit del 0,5 por ciento). Y en el último decreto ley de marzo ya se ha dado un plazo de un mes para crear un comité de expertos que estudien esta fórmula matemática. No habrá que esperar 14 años. Esta regla que determinará el futuro de las pensiones «debería revisarse continuamente, al menos desde el punto de vista técnico», explica Luis Sáez de Jáuregui. Pero este experto admite que «posiblemente se propondrá una revisión cada cinco años» para evitar desgastes políticos.

Coeficientes proporcionalesTampoco está definida todavía la penalización que sufrirán quienes se jubilen anticipadamente. Aunque en el último decreto del pasado 15 de marzo se indicaron nuevos coeficientes reductores, «no están revisados al 100 por cien», comenta Luis Sáez de Jáuregui. La ley obliga a realizar un estudio actuarial sobre estos porcentajes para que sean proporcionales. Porque, por ahora, se penaliza hasta con un 8% por año a quien anticipa su retiro; mientras que se beneficia con apenas un dos por ciento anual a quienes prolongan su vida laboral.
Requisitos a partir del 1 de abril
Lo que sí está claro es que desde el próximo 1 de abril será más difícil jubilarse de forma anticipada. Será necesario haber cumplido los 63 años. Pero esta edad irá aumentando (un mes adicional por cada año que transcurra), hasta alcanzar los 65, en 2027. Además, deberá haber cotizado, como mínimo, 35 años. 

Si se trata de un contribuyente que ya haya sido despedido no tiene por qué temer por las condiciones pactadas con su empresa. En principio, estos contribuyentes mantienen las condiciones que tenían hasta ahora, siempre que el acceso a la pensión se materialice antes de 2019. 
Pero quienes aún no hayan firmado un despido sí sufrirán modificaciones en lo relativo al cobro del desempleo, porque deberá ser su compañía la que lo sufrague al Estado. Se evita así la práctica de aprovechar esta prestación pública como parte de un plan de pre-jubilación de compañías privadas.

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