Ante el déficit tarifario, liberalización

10.08.2012 Antonio Canseco Viejo

El creciente déficit de la tarifa eléctrica es reflejo, entre otras cosas, de la falta de desarrollo del sector tal como se preveía en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

Esta ley pretendía la liberalización del mismo, en línea con la práctica generalizada por muchos de los países de la UE. Esta liberalización se apoyaba en varios principios: a) La liberalización de la generación, es decir, que cualquier empresario podía generar electricidad sin más cortapisas que cumplir las leyes que le aplicaran y venderla en un mercado organizado al efecto. b) Los comercializadores podrían comprar en ese mercado la electricidad y vendérsela libremente a los clientes finales a un precio mutuamente acordado. c) La existencia de una red de transporte y distribución con libertad de acceso de cualquier agente a la misma previo pago de los peajes establecidos. d) Un mercado de electricidad organizado con subastas horarias en el que se casaran las ofertas de compra y de venta y se fijaran los precios. e) Un operador técnico encargado del funcionamiento del sistema. f) Un regulador independiente que vigilara y controlara todo el proceso.
En este sistema se contemplan pues dos negocios, uno liberalizado que comprende la generación y la comercialización y otro regulado que sería el transporte, la distribución y los costes de los órganos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. La intervención de la Administración se debería haber limitado a fijar los costes de las redes de transporte y distribución, la gestión del acceso a las redes, y los costes de los órganos de operación del sistema y del regulador. A partir de ahí el sistema debía funcionar por sí mismo, trasladándose los costes de la energía y los peajes al precio de la electricidad y en definitiva al consumidor final.
Sin embargo, los peajes se convirtieron en un cajón de sastre que incluía además de los costes antes citados, que este año 2012 representan unos 7.500 millones de euros, otros como: moratoria nuclear (54 millones), interrumpibilidad (561), costes extrapeninsulares (1.636), primas a las energías renovables (7.221), financiación del déficit tarifario (2.237). Es decir, que se han añadido casi 12.000 millones a los 7.500 que se necesitan para cubrir los peajes.
Este intervencionismo de los sucesivos gobiernos ha distorsionado el mercado de tal forma que los precios de la electricidad, lejos de recoger los costes se alejan cada vez más de ellos. Todo este despropósito ha generado un déficit tarifario de más de 24.000 millones que, por otra parte, nadie quiere asumir. Es por lo tanto necesario, en aras de la sostenibilidad del sistema, arbitrar una serie de medidas para eliminar este déficit y evitar que se produzca en el futuro.
Entre las medidas que se impongan hay que diferenciar las que afectan a las instalaciones existentes y con derechos adquiridos, a las que habrá que aplicar acciones que permitan corregir las desviaciones respecto a la filosofía inicial, de las aplicables a instalaciones que todavía no han entrado en funcionamiento, a las que podría tener sentido considerar un régimen de moratoria con las compensaciones económicas estrictamente necesarias o las futuras para las que habría que diseñar un marco completamente nuevo.
En cualquier caso, los peajes de acceso deberían cubrir los costes regulados relacionados con el suministro eléctrico, y no los derivados de decisiones de la política energética. Estos deberían buscar acomodo en otras fuentes de financiación, o vía presupuestos generales del estado a través de impuestos. Un régimen adecuado de impuestos a los distintos eslabones de la cadena de generación eléctrica, así como a otras fuentes de energía, permitiría recaudar suficientes recursos para hacer frente a los compromisos políticos a los que los gobiernos se enfrentan y, por otra parte, sería un sistema más transparente que adecuaría ingresos a gastos de forma más correcta.
En este sentido es razonable gravar la generación hidráulica y nuclear para evitar situaciones beneficiosas provenidas del pasado, o imponer una tasa a las emisiones de CO2, o un céntimo verde a los productos petrolíferos por su contribución a las emisiones del transporte o un impuesto a determinadas producciones renovables que se benefician de un exceso de cálculo en las primas que le corresponden, etc. También es necesario sacar de la tarifa todos aquellos costes que se han añadido por cuestiones políticas, sociales o estratégicas, como decíamos antes. El mercado de generación debería recoger toda la oferta, en competencia unas energías con las otras.
Los compromisos de consumo de energía renovable deberían ser asumidos por los comercializadores de electricidad que tendrían obligación de que un determinado porcentaje de sus suministros procediera de fuentes renovables. Los generadores de este tipo de energía dispondrían de un “certificado” que podrían comercializar a un precio que dependería de la oferta y la demanda.
Para finalizar, en el futuro la utilización de la energía eléctrica debería contemplar la posibilidad del “autoabastecimiento”, con generación por los consumidores finales que utilizarían las energías renovables de forma económicamente más justificable. Habría que desarrollar los contadores y redes inteligentes. En definitiva habría que tener el coraje político necesario para afrontar este reto, que sin lugar a dudas alteraría de forma sustancial el negocio eléctrico.