Los ministros de Economía de la eurozona han aprobado este viernes "unánimemente" durante una conferencia telefónica que ha durado sólo dos horas el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros para España, así como el memorándum con las condiciones exigidas a cambio de la ayuda para el sector financiero y también en materia de ajustes y reformas.
El primer tramo del préstamo, de 30.000 millones de euros, estará disponible a finales de julio, y "puede usarse en caso de necesidades financieras urgentes e inesperadas", según ha informado el Eurogrupo en un comunicado. La cifra exacta del rescate se fijará una vez se conozcan en septiembre los resultados de las auditorías de las necesidades de capital de cada entidad. El plazo de devolución será de media de 12 años y medio y como máximo de 15 años y el periodo de carencia de 10 años. El tipo de interés se situará en torno al 3%, según ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El rescate se desembolsará en cuatro tramos a lo largo de 18 meses y dedicará 25.000 millones de euros para financiar el banco malo en el que las entidades que reciban ayuda deberán segregar sus activos inmobiliarios tóxicos. La ayuda podría paralizarse en cualquier momento si España no cumple las condiciones.
LIQUIDACIÓN DE BANCOS
Para los bancos problemáticos, el memorándum pide su reestructuración "en profundidad" o liquidación. Por ello, España deberá dar en las próximas semanas nuevos poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cerrar bancos.
Los accionistas y titulares de deuda subordinada y capital híbrido, como las preferentes, deberán asumir pérdidas. Sólo se salvan de este reparto de la carga depositantes y tenedores de bonos sénior. El Eurogrupo ha desoído así la recomendación del Banco Central Europeo, que ha cambiado de posición y pide ahora que los titulares de bonos también contribuyan.
¿RECAPITALIZACIÓN DIRECTA?
El préstamo será financiado inicialmente por el temporal Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y se canalizará a través del FROB, que será además el garante de la ayuda en representación del Estado español. Ello significa que durante el periodo inicial el rescate bancario computará como deuda pública.
"El Gobierno español será plenamente responsable de la asistencia financiera", subraya la declaración del Eurogrupo.
Una vez que comience a funcionar el fondo de rescate permanente (MEDE), que se retrasa al menos hasta septiembre porque el Tribunal Constitucional alemán no se pronunciará hasta entonces sobre su legalidad, la ayuda se transferirá allí sin ganar prioridad respecto al resto de acreedores de España.
El contrato del préstamo recoge por primera vez claramente por escrito que España se beneficiará en el futuro de la recapitalización directa, es decir, que el préstamo dejará de contar como deuda y no tendrá que ser garantizado por el Estado. La condición previa es que se cree un supervisor bancario único en la UE, algo que los líderes europeos se han comprometido a poner en marcha a finales de año.